Del grito popular al fracaso político
El 18 de octubre del 2019, se levantó un grito que no nació de partidos ni de estructuras políticas, sino de la ciudadanía misma. Con la consigna “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, era un llamado genuino, espontáneo, expresando el hartazgo frente a un sistema que había normalizado la desigualdad.
Sin embargo, ante la poca representación política, pronto ese lema fue apropiado por quienes vieron la oportunidad. Como suele ocurrir, el movimiento social —sin organización política sólida— se fue diluyendo, y el espacio fue ocupado por quienes sí tenían una estructura partidaria. Entonces, el Frente Amplio intentó traducir la energía alrededor del concepto de dignidad, en favor del gobierno por medio de acciones sistemáticas, o sea, por medio de leyes y mecanismos políticos.
Aquí está el error, considerar que se puede traspasar ese sentimiento, la emoción alrededor de la dignidad e intentar construir un concepto común del mismo, una mística. La respuesta natural fue una negativa, porque la dignidad no se decreta desde arriba, es un proceso colectivo que se construye día a día en los barrios, en los sindicatos, en las agrupaciones sociales, y también en la vida individual.
Además, de las medidas tampoco se consiguieron resultados. El paso de rebelde a ciudadano – el traspaso de testigo al Frente Amplio – venía con la promesa de mejoras concretas dentro del sistema: un sueldo digno, pensiones justas, salud sin filas interminables, educación sin deudas eternas. Y para mal de todos nada de eso llegó.
Finalmente, el gobierno que se arrogó la misión de traer la dignidad dejó todo a medias. Aunque de eso no podemos entregarles la completa culpa. La política chilena funciona como un campo de fuerzas contrapuestas, donde gobierno y oposición se neutralizan mutuamente. Sin acuerdos, los cambios no ocurren. Y cuando las diferencias son abismales, lo único que prospera es el obstruccionismo. Así, la dignidad terminó convertida en un proyecto teórico, más un slogan que realidad.
Debemos entender que existe un problema conceptual. No existe una definición única al respecto. La dignidad de un trabajador en Bajos de Mena no es la misma que la de un vecino de Providencia, ni la de un joven endeudado por el CAE es igual a la de un dirigente político. Cada territorio, cada experiencia, cada historia personal configura una visión distinta. Pretender que un gobierno traduzca ese concepto en políticas universales es ingenuo. Lo que ocurre, en cambio, es que se eleva la expectativa y se multiplica la frustración.
La historia demuestra que los grandes cambios requieren tiempo, continuidad y voluntad política sostenida. En Chile, los gobiernos de cuatro o seis años se quedan cortos; los autoritarios lograron transformaciones profundas, aunque bajo condiciones antidemocráticas; y los democráticos, en cambio, han chocado con el límite del tiempo, el idealismo y la improvisación. Como resultado solo se han conseguido cambios cosméticos, medianamente profundos, pero nunca estructurales.
La dignidad, entonces, no puede ser monopolio de un partido ni de un
gobierno. No es un paradigma único ni una verdad absoluta. Es una construcción
parcial, diversa, que debe levantarse colectivamente, paso a paso, desde abajo
y entre todos. El error fue creer que podía imponerse como consigna política y
resolverse desde La Moneda con sus tiempos políticos, sin considerar las
necesidades de la gente. La dignidad nunca llegó porque esta no se construye
con slogans, se hace con justicia social, con respeto real, con cambios
concretos en la vida cotidiana. Y si los gobiernos no cumplen, será el pueblo
quien, con su fuerza y su persistencia, imponga la dignidad como práctica
cotidiana. En definitiva, la dignidad no se negocia, se conquista.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
