viernes, 15 de mayo de 2026
jueves, 14 de mayo de 2026
Justicia contra el bullying
Justicia contra el bullying
La Ley 21.809, del año 2026, busca enfrentar el bullying sancionando a los colegios y entidades educativas de donde emergen los casos. Para ello, la ley refuerza la prevención, el bienestar socioemocional y la participación de toda la comunidad escolar a favor de la víctima. Además, establece sanciones en caso de que los establecimientos no actúen.
Apoyamos plenamente esta iniciativa, no obstante, no podemos dejar de señalar una crítica profunda: durante décadas el centro político no fue capaz de presentar una propuesta seria para enfrentar este problema, a pesar de las denuncias públicas. Del mismo modo, la izquierda que tanto habla de derechos, libertades e igualdad, tampoco actuó o presentó iniciativas. El bullying siguió ocurriendo de manera permanente e impune, hasta que tuvo que ser un gobierno de extrema derecha —del que no se esperaba nada en este ámbito— el que sorprendiera favorablemente con una ley que sanciona a quienes los cometen, a los colegios que lo permiten y a los apoderados que no asumen su responsabilidad.
¿Cuántos niños, niñas y adolescentes sufren acoso de sus pares cada día? ¿Cuántos agresores quedan impunes con la complicidad de profesores, directores y compañeros? Es necesario reconocer que el bullying marca la vida de quienes lo padecen, especialmente de personas con discapacidad, autismo u otras diferencias que son vistas por los acosadores de manera arbitraria y discriminatoria. Por lo tanto, el comportamiento de un joven en formación recae en la educación de quienes tienen el criterio de distinguir lo bueno y lo malo, y que ante un abuso o falta deben corregir. Solo ahora, con esta ley, se espera el fin de tal impunidad, del encubrimiento y del silencio cómplice de directores, profesores y apoderados, una actitud institucionalizada en colegios públicos, privados y subvencionados.
Es más, el acoso no solo ocurre en las aulas, sino que hoy ya se extiende a las redes sociales, donde las campañas de hostigamiento han llevado a muchos jóvenes al suicidio. En otros países, incluso se han registrado asesinatos entre compañeros motivados por esta infame práctica. En consecuencia, esta decisión del gobierno es justa y necesaria, ya que representa un castigo moral y legal contra quienes perpetúan el bullying, visibilizando el abuso ante la desprotección social e incentivando la responsabilidad.
Quienes lo hemos sufrido, esperamos que este primer paso sea el inicio de un cambio real, a fin de que la justicia deje de ser una promesa vacía y se convierta en una herramienta efectiva para proteger a los más vulnerables. En efecto, el bullying infantil en el colegio es una piedra angular en lo que se proyecta contra profesores, trabajadores del aseo, personas con discapacidad, ancianos y muchos más. Por esta razón, la ley 21.809 representa un quiebre histórico en Chile, ya que por primera vez se establece con claridad que no solo los agresores deben responder, sino también los grupos alrededor, en este caso las instituciones educativas y los apoderados que permiten o encubren estas conductas. Así, esta legislación no es solo una sanción, sino un llamado a la responsabilidad colectiva y una oportunidad
para que, por medio de la jurisprudencia, se cree un cambio de conciencia, una real cultura de respeto e integración que erradique permanentemente este cáncer social.
En definitiva, el acoso no es un "problema menor", es un menoscabo social que destruye vidas y erosiona la confianza en la educación como espacio de protección y desarrollo. La Ley 21.809 abre un camino de justicia y responsabilidad compartida, enviando un mensaje claro: el silencio cómplice ya no será tolerado. Si se aplica con rigor, esta legislación puede marcar el inicio de un cambio cultural profundo, donde la dignidad y el respeto de cada estudiante sean innegociables.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
El eterno enemigo de la política en Chile: el revanchismo
El
eterno enemigo de la política en Chile: el revanchismo
A
esta altura es una regla no escrita, al iniciar un nuevo gobierno, los
antecesores a este siempre son presentados como los peores. El que se va se
convierte en culpable de todos los males, especialmente si hubo rivalidad o una
campaña agresiva. Así ocurre hoy entre el Frente Amplio y Republicanos, que
representan polos opuestos del arco político y han llevado el revanchismo a un
nivel que polariza aún más el escenario.
En
esta dinámica, para José Antonio Kast todos los errores serán responsabilidad
de su antecesor. Y si la secuencia hubiera sido inversa —primero Kast y luego
Boric— el mecanismo habría sido idéntico.
Cabe
aclarar, este mecanismo se ha vuelto una práctica arraigada en la política
chilena: se culpa al dirigente o gobierno anterior, con o sin fundamento, como
estrategia para justificar la propia gestión, sobre todo si proviene de un
sector político contrario; en ese caso, el objetivo se transforma en acabar con
el enemigo. Y Kast ya ha demostrado que no tiene reparos en aplicar este
procedimiento al pie de la letra, centrándose en la figura de Gabriel Boric,
nuevo blanco de desprestigio más allá de sus propios errores.
En
cuanto a los gobiernos salientes, son descritos como incompetentes, sus
diagnósticos como equivocados, sus proyectos como truncos. Nunca hay un mea
culpa de la oposición que bloqueó avances; siempre se insiste en que “los
anteriores hicieron todo mal”. Este mecanismo refleja una pobreza intelectual y
política, que lamentablemente ha consolidado una forma de gobernar: se evita el
diálogo, se rehúye el acuerdo y se insiste en borrar con el codo los avances
previos. El resultado es un clima de polarización y autoritarismo que termina
dañando a la ciudadanía, porque la política se reduce a una lucha mezquina por
demostrar que el otro fue peor.
El
populismo encuentra aquí su herramienta más burda y usada: culpar al
adversario. Boric lo hizo con Piñera, Kast lo hace con Boric, y así se repite
la premisa de que “como pecas, pagas”. Pero gobernar con ánimo de revancha es
un error. No se puede construir país desde la descalificación permanente ni
desde la demagogia de promesas fáciles. Chile tiene más de 200 años de historia
en que distintos gobiernos han aportado, con aciertos y errores, al desarrollo
nacional. Persistir en la lógica de que “el anterior es el peor” solo genera
crisis políticas que terminan costando caro.
Aquí
la clase política debería dar el ejemplo y preocuparse de la estabilidad
emocional, política y económica de la ciudadanía. Sin embargo, tanto Frente
Amplio como Republicanos han normalizado la descalificación como política
pública, arrastrando al país hacia una dinámica cada vez más burda y simplista.
La consecuencia es clara: se gobierna para minorías ideológicas, olvidando que
la responsabilidad es con la mayoría social, cultural y política que muchas
veces no se siente representada por quienes llegan al poder.
Además,
esta práctica erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando cada
nuevo gobierno insiste en que el anterior fue un desastre, el mensaje implícito
es que el Estado carece de continuidad y que las políticas públicas son
frágiles, sujetas al capricho de quienes gobiernan. Esa percepción debilita la
legitimidad democrática y alimenta el desencanto, porque la ciudadanía observa
que más que gobernar para resolver problemas, los líderes se dedican a ajustar
cuentas con sus rivales. El costo es enorme: se pierde tiempo, se paralizan
proyectos y se posterga el bienestar colectivo.
Por
lo tanto, es urgente abandonar la lógica arbitraria de que los gobiernos
anteriores son siempre los peores. No lo son. Son simplemente gobiernos que
enfrentan sus propias circunstancias y cometieron sus propios errores. El
aprovechamiento mutuo de esas caídas solo perjudica al país, que lo único que
exige es desarrollo, igualdad, libertad y humanidad. Si los sectores políticos
no son capaces de ver esto con altura de miras, entonces quedará demostrado que
no los guía el interés general ni el bien común, sino intereses mezquinos y
batallas pequeñas. Y esa es la peor señal que pueden dar a una ciudadanía que
espera soluciones, no excusas.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político