martes, 7 de julio de 2026

El triunfo de los moderados: Orrego y la derrota del desprestigio

 

El triunfo de los moderados: Orrego y la derrota del desprestigio 

El sobreseimiento de las causas de corrupción contra Claudio Orrego, junto con la obligación de que el Ministerio Público y los acusadores paguen los costos, es mucho más que un fallo judicial, es la derrota de una operación política destinada a destruir a un líder moderado. Las acusaciones que conectaban directamente la gestión de Orrego con el caso Fundaciones en Santiago, nunca tuvieron sustento real, fueron fabricadas y utilizadas como arma de desprestigio. El objetivo era claro, bloquear a Orrego, impedir que creciera como gobernador de Santiago y frenar su proyección presidencial. Como resultado, no lo lograron. 

Siendo la política lo que es, la pregunta inevitable recae sobre quién estuvo detrás de esta operación. Sería la derecha, temerosa de perder el espacio construido; el socialismo tradicional del PPD y PS, ex compañeros de coalición; o el progresismo del Frente Amplio que disputa directamente los espacios a la gente de la ex concertación. Al final, poco importa el sector que moviera la denuncia, lo relevante es que alguien quiso manipular la justicia para eliminar a un adversario incómodo. Las acusaciones, presentadas como “contundentes”, se diluyeron con el tiempo, revelando que detrás había cálculo político y no búsqueda de verdad. 

Este episodio desnuda una realidad, los extremos temen a los moderados. Les incomoda la seriedad, les molestan las dinámicas de los acuerdos y la estabilidad que representan figuras como Orrego o Mario Desbordes. Prefieren el ruido de la demagogia y el populismo, porque ahí se sienten cómodos. Pero Chile necesita otra cosa, líderes que gobiernen con responsabilidad, que construyan proyectos de largo plazo y que defiendan la democracia sin sectarismos. 

El triunfo de Orrego en los tribunales es también la victoria de una cuarta vía política, una que representa a los moderados y que da aviso que siguen vivos y dispuestos a disputar el poder. No los pudieron enterrar y, por el contrario, los fortalecieron. Y ahora no es de interés esperar por más ataques; sino, cuántos moderados estarán dispuestos a dar la pelea contra quienes quieren mantenernos sitiados por los extremos. 

Así es como la justicia tardó, pero llegó. Y con ella, la certeza de que la alternativa moderada no solo existe, sino que es la única capaz de devolverle al país la estabilidad que tanto necesita. Una alternativa donde Orrego y Desbordes son cartas serias, y que abre la puerta a que se sumen más. Porque Chile no merece seguir atrapado en la mediocridad de los extremos. El país merece líderes que representen orden, acuerdos, democracia real y no un atrincheramiento obstaculizador. 

La política chilena no puede seguir siendo rehén de quienes buscan destruir reputaciones para ganar terreno. Y desde esta perspectiva el sobreseimiento de Orrego es una advertencia, las campañas de desprestigio no siempre triunfan, y cuando fracasan, fortalecen al atacado. 

Hoy, más que nunca, se necesita levantar una alternativa que enfrente la demagogia y el populismo con propuestas serias. Los moderados incomodan porque no se dejan arrastrar por la polarización, porque buscan gobernar para todos y no para una facción. Y esa se convierte en la verdadera amenaza para los extremos, que la mayoría del país descubra que la estabilidad y los acuerdos son más valiosos que los discursos incendiarios. 

El caso Orrego marca un punto de inflexión. No es solo la reivindicación de un político, es la demostración de que la justicia puede desenmascarar operaciones políticas disfrazadas de acusaciones legales. Es la señal de que los moderados siguen en pie y que, pese a los intentos de silenciarlos, tienen la fuerza para disputar el futuro de Chile. Y esa es la batalla que viene, impedir que los extremos sigan sitiando la democracia y abrir paso a una nueva etapa de liderazgo responsable. 

 

Nelson Leiva Lerzundi

Cientista Político.

 

 

El peligro de hacer arder el mundo

 

El peligro de hacer arder el mundo 

Chile se encamina de forma inminente hacia un nuevo ciclo de movilizaciones sociales. El gobierno de Kast está acumulando razones de sobra para encender la mecha de un nuevo descontento masivo, impulsado por una agenda de políticas reduccionistas, integristas y dogmáticas que carecen de una lectura real del país. Hay que entender que, junto a los evidentes errores de la actual administración, coexisten sectores políticos que ya actuaron en los márgenes democráticos en el pasado y que hoy solo esperan la excusa perfecta para replicar viejos métodos de desestabilización institucional. 

Ante este complejo escenario, es fundamental trazar una línea divisoria categórica. Una cosa es manifestar el malestar legítimo contra una gestión ineficaz que incumple sus promesas de campaña; otra muy distinta es la desobediencia civil violenta, enfocada en la destrucción de bienes públicos y la propagación de incivilidades. 

En una movilización conviven estas dos realidades. La protesta social es, en esencia, un recurso ciudadano integrador y un motor de transformaciones. Eso sí este derecho constitucional suele ser secuestrado por facciones que lo instrumentalizan como una herramienta de extorsión para imponer el desorden. Esos grupos mimetizados en universidades, liceos, barras bravas o vinculados a redes delictuales como el narcotráfico, carecen de un proyecto país o de una militancia seria; su motor es un resentimiento social distorsionado que disfrazan de discurso antisistema, precisamente porque han sido incapaces de consolidarse como una alternativa política real a través del debate y los votos. 

A causa de estos grupos, el peligro inmediato radica en la respuesta del Ejecutivo, que ya prepara un andamiaje legal punitivo para combatir las movilizaciones per se. Una estrategia estatal que corre el riesgo de criminalizar la legítima protesta ciudadana, metiendo en el mismo saco a la ciudadanía descontenta y a los grupos radicales o células anarquistas que no marchan por la justicia social, sino que buscan el caos por el caos mismo. 

Siempre se censura la violencia irracional, porque la historia reciente demuestra que ha golpeado de forma transversal a distintas administraciones, desde Michelle Bachelet hasta Sebastián Piñera. El único mandatario que pareció inmune durante un tiempo fue Gabriel Boric, debido a que muchos de estos sectores radicales simpatizaban con su figura o eran azuzados por facciones del Frente Amplio. No obstante, tras la evidente desilusión que provocó su gestión, esos mismos grupos se sintieron manipulados, rompieron amarras y hoy están listos para actuar contra cualquiera, demostrando que les da lo mismo si el Estado es administrado por la izquierda tradicional, el progresismo o la ultraderecha. 

Esta advertencia no es un llamado a la persecución política ni a una caza de brujas, sino una interpelación a la conciencia pública para no validar mecanismos totalitarios de presión. Destruir el transporte público o vandalizar los barrios periféricos no daña a las élites; destruye el día a día de la clase trabajadora. Los gobiernos pasan, pero las urgencias estructurales permanecen intactas si la violencia ciega termina bloqueando los cambios legítimos. 

Hay que tener claro que cuando el desorden se desborda, el Estado de derecho inevitablemente impone la fuerza pública para restituir el orden, lo que termina siendo utilizado por los violentistas para victimizarse y culpar a las instituciones policiales. Se puede hacer política, presionar al poder e interpelar a las autoridades con firmeza sin regalarle espacios a quienes buscan demoler la sociedad. 

El desafío de la ciudadanía consciente es no dejarse arrastrar por provocaciones ni servir de escudo humano a proyectos destructivos. El llamado siempre es no a la sumisión ni a la inacción; sino a movilizarse con profunda reflexión, coherencia estratégica e inteligencia de clase. 

 

Nelson Leiva Lerzundi.

Cientista Político