martes, 26 de mayo de 2026

La ilusión de gobernar

 La ilusión de gobernar

El gobierno de Gabriel Boric nos dejó una lección clara, para gobernar no bastan las ideas, se necesita también un equipo comprometido y con capacidad real de gestión. Así es como el expresidente inauguró un modelo que continúa José Antonio Kast, “gobierno con ideología arrendada”. En esta, los partidos sin cuadros suficientes ni masividad se ven obligados a arrendar poder a las coaliciones que supuestamente venían a reemplazar. Boric recurrió a la vieja Concertación; Kas, de Chile Vamos. Así, el partido del presidente se convierte en un actor secundario dentro de su propio gobierno, intentando crecer desde adentro, pero sin autonomía real. El Frente Amplio fracasó en ese intento y aún no sabemos si Republicanos logrará algo distinto.

Este modelo es peligroso porque transmite la idea de que gobernar solo requiere discursos y promesas, sin partidos sólidos, sin equipos de trabajo, sin ideologías claras ni estructuras organizadas. Se instala la moda de gobiernos que parecen exitosos por llegar al poder, aunque terminan vacíos de contenido y dependientes de mayorías frágiles. Los partidos políticos, en esencia, deberían ser organizaciones ideológicas con principios, militancia y capacidad de decisión autónoma. Sin eso, se transforman en experimentos dependientes de coaliciones, incapaces de sostener un proyecto propio.

El resultado es un gobierno que comparte poder, administración y que carecen de un proyecto político definido. Kast, por ejemplo, necesita a toda la derecha unida para mantener mayoría en el Congreso; si los aliados se quiebran, esa mayoría se diluye. Lo mismo ocurrió con Boric y sus pactos con la izquierda tradicional. En ambos casos, el presidente termina siendo rehén de acuerdos y chantajes políticos, incapaz de cumplir siquiera con lo mínimo de su programa.

Se instala así una lógica demagógica, se promete mucho, mientras por otro lado los ministros carecen de facultades y mayorías para ejecutar. El gobierno se reduce a aparentar que gobierna, cuando en la realidad no decide nada. El presidente finalmente no tiene poder total, en un sistema presidencialista que, paradójicamente, les otorga amplias facultades.

Sin reformas estructurales, los gobiernos seguirán siendo proyectos limitados, dependientes de mayorías relativas y expuestos a la inestabilidad. El problema se intensifica cuando a los ciudadanos ya no les importa quién gobierna ni cómo funciona la política, lo que erosiona aún más la legitimidad del sistema.

La salida no está en seguir creando partidos de fantasía ni en repetir pactos coyunturales. Se requiere enfrentar el problema estructural con seriedad, eso es, plantear reformas constitucionales e institucionales que devuelvan autonomía y coherencia a los partidos, y que permitan gobiernos con proyectos claros y capacidad real de decisión.

La primera oportunidad de un cambio constitucional se perdió con el proceso, no obstante, tarde o temprano llegará el desgaste definitivo de la Constitución de 1980 y será inevitable replantear el sistema. Si no se asume este desafío, heredaremos a las próximas generaciones una política marcada por el populismo, el vacío de liderazgo y la incapacidad de resolver crisis estructurales.

En definitiva, lo que está en juego no es solo la capacidad de un presidente o de un partido para administrar el Estado, sino la salud misma de nuestra democracia. Cuando los gobiernos se construyen sobre pactos frágiles y partidos sin arraigo, se debilita la confianza ciudadana y se erosiona la legitimidad institucional. La política deja de ser un espacio de conducción colectiva y se convierte en una administración de coyunturas. Si no se recupera la fortaleza de los partidos y la claridad de los proyectos ideológicos, el riesgo es que la ciudadanía termine viendo al Estado como un aparato vacío, incapaz de transformar la realidad. La verdadera tarea, entonces, es reconstruir un sistema político que vuelva a ser representativo, que devuelva sentido a la militancia y que permita que los gobiernos sean algo más que gestiones transitorias, eso es que sean proyectos de país con visión de futuro.

Nelson Leiva Lerzundi

Cientista Político

La fragilidad de gobernar sin respaldo

 

La fragilidad de gobernar sin respaldo 

Gobernar sin mayorías se ha convertido en un clásico de los últimos gobiernos. Es, en esencia, gobernar sin presencia real, sin capacidad de articular una política coherente. La falta de respaldo obliga a buscar apoyos externos y a dialogar, lo que en teoría fortalece la democracia, pero en la práctica debilita la acción gubernamental: sin votos suficientes en el Parlamento, ni siquiera las leyes más básicas logran avanzar. 

Se suma la incapacidad de las coaliciones oficialistas para ordenar a sus miembros, generando un escenario de permanente tensión, polémica y roces internos. Esto es, una oposición interna independiente de la confrontación natural con la oposición. 

Como resultado es una política ineficaz, desgastante, marcada por ministros arrogantes y gobiernos que, indistintamente de su color político, se parecen demasiado en las formas de enfrentar la minoría parlamentaria, a través de acuerdos forzados, negociaciones a regañadientes y una relación cada vez más áspera. 

La gran pregunta es, cómo puede avanzar un país en estas condiciones si el oficialismo y la oposición son incapaces de enseñar la madurez necesaria. Allí recae la necesidad de obtener mayorías estables en el congreso; así como también, la coherencia al elegir a quienes gobiernan. Sin estas mayorías, el Estado queda condenado a la inseguridad política, a gobiernos que no pueden ejecutar sus programas, que carecen de consistencia y que inevitablemente terminan incumpliendo sus promesas por falta de respaldo. 

Aceptamos entonces la arrogancia, la mentira y la falta de sentido común como parte del paisaje político. No obstante, esas actitudes al final no dan soluciones, por el contrario, sólo agravan los problemas y aumentan la complejidad de gobernar. El problema es que estas dinámicas se han repetido en los últimos años y, mientras se mantengan, el país corre el riesgo de caer en una espiral de disputas políticas y electorales, sin liderazgo ni convicción, atrapado en la dicotomía de la falta de acuerdos y el roce permanente. 

Lo que Chile necesita es que las autoridades y los sectores políticos piensen en el bien común, en un proyecto país que trascienda intereses mezquinos y cálculos electorales. La historia ha demostrado que cuando se privilegia el sentido común y la cooperación, el país avanza hacia el crecimiento, el desarrollo y la estabilidad. En cambio, cuando se opta por los extremos y la arrogancia política, solo se cosecha crisis e irresponsabilidad. 

Por lo tanto, el desafío es claro, la tarea es construir una interpretación común del país, fortalecer las instituciones, fomentar una ciudadanía informada, participativa y garantizar la estabilidad política. No podemos seguir atrapados en caprichos electorales ni proyectos individualistas. 

Chile debe proyectarse hacia el futuro, no tan sólo a una década por lo pronto, sino a muchas más, con una visión compartida, más allá de partidos e ideologías. Sin ese horizonte, la política seguirá reducida a la mezquindad de fastidiar al gobierno de turno y de paso a la ciudadanía, dejando de lado el interés general. 

Fracasar en esa tarea es seguir forzando la relación de la política partidista con la ciudadanía, seguir alimentando el enojo social que se acumula gobierno tras gobierno, un malestar que interpela a todos, pero que rara vez encuentra respuestas. Si no se rompe esta dinámica, seguiremos atrapados en un círculo vicioso de frustración ciudadana y parálisis política. 

En conclusión, la política chilena no puede seguir atrapada en gobiernos sin mayorías, incapaces de ejecutar sus programas y condenados a la inercia. La falta de acuerdos, la arrogancia y el cálculo mezquino han debilitado la democracia y erosionado la confianza ciudadana. Si no se asume de una vez la responsabilidad de construir consensos reales y un proyecto común de país, seguiremos el círculo vicioso de crisis, frustración y enojo social. Chile necesita liderazgo con sentido común, instituciones sólidas y una visión compartida de futuro que supere los caprichos ideológicos y las disputas estériles. Solo así podremos recuperar estabilidad, credibilidad y desarrollo. 

 

Nelson Leiva Lerzundi

Cientista Político

Justicia contra el bullying

 

Justicia contra el bullying

La Ley 21.809, del año 2026, busca enfrentar el bullying sancionando a los colegios y entidades educativas de donde emergen los casos. Para ello, la ley refuerza la prevención, el bienestar socioemocional y la participación de toda la comunidad escolar a favor de la víctima. Además, establece sanciones en caso de que los establecimientos no actúen. 

Apoyamos plenamente esta iniciativa, no obstante, no podemos dejar de señalar una crítica profunda: durante décadas el centro político no fue capaz de presentar una propuesta seria para enfrentar este problema, a pesar de las denuncias públicas. Del mismo modo, la izquierda que tanto habla de derechos, libertades e igualdad, tampoco actuó o presentó iniciativas. El bullying siguió ocurriendo de manera permanente e impune, hasta que tuvo que ser un gobierno de extrema derecha —del que no se esperaba nada en este ámbito— el que sorprendiera favorablemente con una ley que sanciona a quienes los cometen, a los colegios que lo permiten y a los apoderados que no asumen su responsabilidad. 

¿Cuántos niños, niñas y adolescentes sufren acoso de sus pares cada día? ¿Cuántos agresores quedan impunes con la complicidad de profesores, directores y compañeros? Es necesario reconocer que el bullying marca la vida de quienes lo padecen, especialmente de personas con discapacidad, autismo u otras diferencias que son vistas por los acosadores de manera arbitraria y discriminatoria. Por lo tanto, el comportamiento de un joven en formación recae en la educación de quienes tienen el criterio de distinguir lo bueno y lo malo, y que ante un abuso o falta deben corregir. Solo ahora, con esta ley, se espera el fin de tal impunidad, del encubrimiento y del silencio cómplice de directores, profesores y apoderados, una actitud institucionalizada en colegios públicos, privados y subvencionados. 

Es más, el acoso no solo ocurre en las aulas, sino que hoy ya se extiende a las redes sociales, donde las campañas de hostigamiento han llevado a muchos jóvenes al suicidio. En otros países, incluso se han registrado asesinatos entre compañeros motivados por esta infame práctica. En consecuencia, esta decisión del gobierno es justa y necesaria, ya que representa un castigo moral y legal contra quienes perpetúan el bullying, visibilizando el abuso ante la desprotección social e incentivando la responsabilidad. 

Quienes lo hemos sufrido, esperamos que este primer paso sea el inicio de un cambio real, a fin de que la justicia deje de ser una promesa vacía y se convierta en una herramienta efectiva para proteger a los más vulnerables. En efecto, el bullying infantil en el colegio es una piedra angular en lo que se proyecta contra profesores, trabajadores del aseo, personas con discapacidad, ancianos y muchos más. Por esta razón, la ley 21.809 representa un quiebre histórico en Chile, ya que por primera vez se establece con claridad que no solo los agresores deben responder, sino también los grupos alrededor, en este caso las instituciones educativas y los apoderados que permiten o encubren estas conductas. Así, esta legislación no es solo una sanción, sino un llamado a la responsabilidad colectiva y una oportunidad para que, por medio de la jurisprudencia, se cree un cambio de conciencia, una real cultura de respeto e integración que erradique permanentemente este cáncer social. 

En definitiva, el acoso no es un "problema menor", es un menoscabo social que destruye vidas y erosiona la confianza en la educación como espacio de protección y desarrollo. La Ley 21.809 abre un camino de justicia y responsabilidad compartida, enviando un mensaje claro: el silencio cómplice ya no será tolerado. Si se aplica con rigor, esta legislación puede marcar el inicio de un cambio cultural profundo, donde la dignidad y el respeto de cada estudiante sean innegociables. 

 

Nelson Leiva Lerzundi

Cientista Político