viernes, 17 de julio de 2026
El despertar geopolítico de Chile en la Antártica
El despertar geopolítico de Chile en la Antártica
La reciente idea de realizar el primer Consejo de gabinete Regional en la Antártica no es un mero acto administrativo; es un símbolo de alto impacto geopolítico. Con este gesto, la Antártica se consolida como un territorio fundamental para el Estado de Chile. El ejercicio del poder político debe manifestarse a través de la presencia soberana y la base geográfica, una materia históricamente impulsada por las Fuerzas Armadas y los países desarrollados, cuya institucionalización formal comenzó a gestarse bajo el gobierno de Augusto Pinochet.
Ocupar eficazmente nuestro territorio, evocando aquella metáfora de Jorge Ibáñez Vergara en la Universidad Católica sobre las "espadas" que proyectan nuestra geografía hacia el continente blanco, es la forma en que Chile expande su influencia en Latinoamérica hacia el extremo sur. Por ello, la presencia activa en la Antártica es de carácter vital.
Nuestra condición de país tricontinental (con soberanía en América del Sur, la Polinesia a través de Isla de Pascua y el Territorio Chileno Antártico) nos impone responsabilidades históricas. Como uno de los países firmantes y fundadores del Tratado Antártico, Chile está obligado a situar este asunto como una prioridad de Estado en sus relaciones internacionales. Esto exige que los gobiernos, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, especialmente en la Región de Magallanes, sean educados bajo una sólida conciencia geopolítica. Es urgente enseñar la relevancia institucional de la cartografía y la seguridad estratégica (como el mapa HD3), descentralizar la política antártica y dotarla de seriedad para internalizar estos conceptos a mediano y largo plazo.
En este contexto, las señales dadas tanto por el presidente José Antonio Kast como por el gobierno regional demuestran una mirada integradora y geopolíticamente ambiciosa. Sin embargo, los gestos simbólicos deben traducirse en políticas permanentes. Organismos como la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y las instituciones de defensa deben coordinarse con el Instituto Geográfico Militar y los actores políticos para trazar una visión de Estado proyectada a 20, 30 ó 40 años.
Aunque estos pasos son iniciales, resultan indispensables para anticipar la futura disputa por la soberanía antártica. Esta visión estratégica no solo define la relación con vecinos directos como Argentina, Perú y Bolivia, sino también con potencias del eje Asia-Pacífico, como lo son Australia, Japón, Nueva Zelanda o la influencia en Tahití que, aun sin fronteras directas, comparten intereses en la cuenca oceánica. Lamentablemente, el debate nacional aún está en pañales.
Finalmente, los partidos políticos y la clase dirigencial deben profesionalizarse en estos conceptos. La geopolítica ya no es un asunto secundario; el panorama internacional demuestra que el control de los accesos estratégicos define el poder mundial. Ejemplo son las Islas Malvinas, donde el Reino Unido mantiene su control por razones puramente estratégicas y Argentina insiste en su recuperación por la misma vía, evidencia que el territorio es el eje de la política del futuro. Chile debe superar su timidez conceptual y construir un consenso transversal para defender, con argumentos técnicos y convicción política, su posición estratégica en el mundo.
En conclusión, la Antártica es el tablero geopolítico más decisivo del siglo XXI. Los recientes gestos del gobierno regional y del presidente Kast deben superar la mera foto protocolar y transformarse en una política de Estado permanente. El futuro de nuestra soberanía no se jugará en la diplomacia tradicional, sino en la capacidad real de Chile para proyectar poder político, desarrollo científico y la capacidad de defensa hacia el extremo sur.
Y frente la futura disputa por recursos críticos y el control de rutas bioceánicas, la pasividad sería fatal. Chile debe consolidar su tricontinentalidad no como un mapa abstracto, sino como la llave estratégica frente al eje de potencias del Asia-Pacífico. Para eso, la clase política debe madurar, superar su timidez conceptual y construir un consenso transversal. La historia no perdonará la miopía frente al destino polar.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
sábado, 11 de julio de 2026
viernes, 10 de julio de 2026
martes, 7 de julio de 2026
El triunfo de los moderados: Orrego y la derrota del desprestigio
El triunfo de los moderados: Orrego y la derrota del desprestigio
El sobreseimiento de las causas de corrupción contra Claudio Orrego, junto con la obligación de que el Ministerio Público y los acusadores paguen los costos, es mucho más que un fallo judicial, es la derrota de una operación política destinada a destruir a un líder moderado. Las acusaciones que conectaban directamente la gestión de Orrego con el caso Fundaciones en Santiago, nunca tuvieron sustento real, fueron fabricadas y utilizadas como arma de desprestigio. El objetivo era claro, bloquear a Orrego, impedir que creciera como gobernador de Santiago y frenar su proyección presidencial. Como resultado, no lo lograron.
Siendo la política lo que es, la pregunta inevitable recae sobre quién estuvo detrás de esta operación. Sería la derecha, temerosa de perder el espacio construido; el socialismo tradicional del PPD y PS, ex compañeros de coalición; o el progresismo del Frente Amplio que disputa directamente los espacios a la gente de la ex concertación. Al final, poco importa el sector que moviera la denuncia, lo relevante es que alguien quiso manipular la justicia para eliminar a un adversario incómodo. Las acusaciones, presentadas como “contundentes”, se diluyeron con el tiempo, revelando que detrás había cálculo político y no búsqueda de verdad.
Este episodio desnuda una realidad, los extremos temen a los moderados. Les incomoda la seriedad, les molestan las dinámicas de los acuerdos y la estabilidad que representan figuras como Orrego o Mario Desbordes. Prefieren el ruido de la demagogia y el populismo, porque ahí se sienten cómodos. Pero Chile necesita otra cosa, líderes que gobiernen con responsabilidad, que construyan proyectos de largo plazo y que defiendan la democracia sin sectarismos.
El triunfo de Orrego en los tribunales es también la victoria de una cuarta vía política, una que representa a los moderados y que da aviso que siguen vivos y dispuestos a disputar el poder. No los pudieron enterrar y, por el contrario, los fortalecieron. Y ahora no es de interés esperar por más ataques; sino, cuántos moderados estarán dispuestos a dar la pelea contra quienes quieren mantenernos sitiados por los extremos.
Así es como la justicia tardó, pero llegó. Y con ella, la certeza de que la alternativa moderada no solo existe, sino que es la única capaz de devolverle al país la estabilidad que tanto necesita. Una alternativa donde Orrego y Desbordes son cartas serias, y que abre la puerta a que se sumen más. Porque Chile no merece seguir atrapado en la mediocridad de los extremos. El país merece líderes que representen orden, acuerdos, democracia real y no un atrincheramiento obstaculizador.
La política chilena no puede seguir siendo rehén de quienes buscan destruir reputaciones para ganar terreno. Y desde esta perspectiva el sobreseimiento de Orrego es una advertencia, las campañas de desprestigio no siempre triunfan, y cuando fracasan, fortalecen al atacado.
Hoy, más que nunca, se necesita levantar una alternativa que enfrente la demagogia y el populismo con propuestas serias. Los moderados incomodan porque no se dejan arrastrar por la polarización, porque buscan gobernar para todos y no para una facción. Y esa se convierte en la verdadera amenaza para los extremos, que la mayoría del país descubra que la estabilidad y los acuerdos son más valiosos que los discursos incendiarios.
El caso Orrego marca un punto de inflexión. No es solo la reivindicación de un político, es la demostración de que la justicia puede desenmascarar operaciones políticas disfrazadas de acusaciones legales. Es la señal de que los moderados siguen en pie y que, pese a los intentos de silenciarlos, tienen la fuerza para disputar el futuro de Chile. Y esa es la batalla que viene, impedir que los extremos sigan sitiando la democracia y abrir paso a una nueva etapa de liderazgo responsable.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político.
El peligro de hacer arder el mundo
El peligro de hacer arder el mundo
Chile se encamina de forma inminente hacia un nuevo ciclo de movilizaciones sociales. El gobierno de Kast está acumulando razones de sobra para encender la mecha de un nuevo descontento masivo, impulsado por una agenda de políticas reduccionistas, integristas y dogmáticas que carecen de una lectura real del país. Hay que entender que, junto a los evidentes errores de la actual administración, coexisten sectores políticos que ya actuaron en los márgenes democráticos en el pasado y que hoy solo esperan la excusa perfecta para replicar viejos métodos de desestabilización institucional.
Ante este complejo escenario, es fundamental trazar una línea divisoria categórica. Una cosa es manifestar el malestar legítimo contra una gestión ineficaz que incumple sus promesas de campaña; otra muy distinta es la desobediencia civil violenta, enfocada en la destrucción de bienes públicos y la propagación de incivilidades.
En una movilización conviven estas dos realidades. La protesta social es, en esencia, un recurso ciudadano integrador y un motor de transformaciones. Eso sí este derecho constitucional suele ser secuestrado por facciones que lo instrumentalizan como una herramienta de extorsión para imponer el desorden. Esos grupos mimetizados en universidades, liceos, barras bravas o vinculados a redes delictuales como el narcotráfico, carecen de un proyecto país o de una militancia seria; su motor es un resentimiento social distorsionado que disfrazan de discurso antisistema, precisamente porque han sido incapaces de consolidarse como una alternativa política real a través del debate y los votos.
A causa de estos grupos, el peligro inmediato radica en la respuesta del Ejecutivo, que ya prepara un andamiaje legal punitivo para combatir las movilizaciones per se. Una estrategia estatal que corre el riesgo de criminalizar la legítima protesta ciudadana, metiendo en el mismo saco a la ciudadanía descontenta y a los grupos radicales o células anarquistas que no marchan por la justicia social, sino que buscan el caos por el caos mismo.
Siempre se censura la violencia irracional, porque la historia reciente demuestra que ha golpeado de forma transversal a distintas administraciones, desde Michelle Bachelet hasta Sebastián Piñera. El único mandatario que pareció inmune durante un tiempo fue Gabriel Boric, debido a que muchos de estos sectores radicales simpatizaban con su figura o eran azuzados por facciones del Frente Amplio. No obstante, tras la evidente desilusión que provocó su gestión, esos mismos grupos se sintieron manipulados, rompieron amarras y hoy están listos para actuar contra cualquiera, demostrando que les da lo mismo si el Estado es administrado por la izquierda tradicional, el progresismo o la ultraderecha.
Esta advertencia no es un llamado a la persecución política ni a una caza de brujas, sino una interpelación a la conciencia pública para no validar mecanismos totalitarios de presión. Destruir el transporte público o vandalizar los barrios periféricos no daña a las élites; destruye el día a día de la clase trabajadora. Los gobiernos pasan, pero las urgencias estructurales permanecen intactas si la violencia ciega termina bloqueando los cambios legítimos.
Hay que tener claro que cuando el desorden se desborda, el Estado de derecho inevitablemente impone la fuerza pública para restituir el orden, lo que termina siendo utilizado por los violentistas para victimizarse y culpar a las instituciones policiales. Se puede hacer política, presionar al poder e interpelar a las autoridades con firmeza sin regalarle espacios a quienes buscan demoler la sociedad.
El desafío de la ciudadanía consciente es no dejarse arrastrar por provocaciones ni servir de escudo humano a proyectos destructivos. El llamado siempre es no a la sumisión ni a la inacción; sino a movilizarse con profunda reflexión, coherencia estratégica e inteligencia de clase.
Nelson Leiva Lerzundi.
Cientista Político
viernes, 3 de julio de 2026
sábado, 27 de junio de 2026
viernes, 26 de junio de 2026
jueves, 25 de junio de 2026
Del grito popular al fracaso político
Del grito popular al fracaso político
El 18 de octubre del 2019, se levantó un grito que no nació de partidos ni de estructuras políticas, sino de la ciudadanía misma. Con la consigna “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, era un llamado genuino, espontáneo, expresando el hartazgo frente a un sistema que había normalizado la desigualdad.
Sin embargo, ante la poca representación política, pronto ese lema fue apropiado por quienes vieron la oportunidad. Como suele ocurrir, el movimiento social —sin organización política sólida— se fue diluyendo, y el espacio fue ocupado por quienes sí tenían una estructura partidaria. Entonces, el Frente Amplio intentó traducir la energía alrededor del concepto de dignidad, en favor del gobierno por medio de acciones sistemáticas, o sea, por medio de leyes y mecanismos políticos.
Aquí está el error, considerar que se puede traspasar ese sentimiento, la emoción alrededor de la dignidad e intentar construir un concepto común del mismo, una mística. La respuesta natural fue una negativa, porque la dignidad no se decreta desde arriba, es un proceso colectivo que se construye día a día en los barrios, en los sindicatos, en las agrupaciones sociales, y también en la vida individual.
Además, de las medidas tampoco se consiguieron resultados. El paso de rebelde a ciudadano – el traspaso de testigo al Frente Amplio – venía con la promesa de mejoras concretas dentro del sistema: un sueldo digno, pensiones justas, salud sin filas interminables, educación sin deudas eternas. Y para mal de todos nada de eso llegó.
Finalmente, el gobierno que se arrogó la misión de traer la dignidad dejó todo a medias. Aunque de eso no podemos entregarles la completa culpa. La política chilena funciona como un campo de fuerzas contrapuestas, donde gobierno y oposición se neutralizan mutuamente. Sin acuerdos, los cambios no ocurren. Y cuando las diferencias son abismales, lo único que prospera es el obstruccionismo. Así, la dignidad terminó convertida en un proyecto teórico, más un slogan que realidad.
Debemos entender que existe un problema conceptual. No existe una definición única al respecto. La dignidad de un trabajador en Bajos de Mena no es la misma que la de un vecino de Providencia, ni la de un joven endeudado por el CAE es igual a la de un dirigente político. Cada territorio, cada experiencia, cada historia personal configura una visión distinta. Pretender que un gobierno traduzca ese concepto en políticas universales es ingenuo. Lo que ocurre, en cambio, es que se eleva la expectativa y se multiplica la frustración.
La historia demuestra que los grandes cambios requieren tiempo, continuidad y voluntad política sostenida. En Chile, los gobiernos de cuatro o seis años se quedan cortos; los autoritarios lograron transformaciones profundas, aunque bajo condiciones antidemocráticas; y los democráticos, en cambio, han chocado con el límite del tiempo, el idealismo y la improvisación. Como resultado solo se han conseguido cambios cosméticos, medianamente profundos, pero nunca estructurales.
La dignidad, entonces, no puede ser monopolio de un partido ni de un
gobierno. No es un paradigma único ni una verdad absoluta. Es una construcción
parcial, diversa, que debe levantarse colectivamente, paso a paso, desde abajo
y entre todos. El error fue creer que podía imponerse como consigna política y
resolverse desde La Moneda con sus tiempos políticos, sin considerar las
necesidades de la gente. La dignidad nunca llegó porque esta no se construye
con slogans, se hace con justicia social, con respeto real, con cambios
concretos en la vida cotidiana. Y si los gobiernos no cumplen, será el pueblo
quien, con su fuerza y su persistencia, imponga la dignidad como práctica
cotidiana. En definitiva, la dignidad no se negocia, se conquista.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
Gobierno bajo presión, seguridad sin milagros
Gobierno bajo presión, seguridad sin milagros
Como era de esperarse, las críticas al gobierno ya han comenzado. Se mantiene en el foco público la incapacidad de alcanzar el orden prometido en campaña, la ausencia de un programa claro de seguridad que terminó con la remoción de su ministra, y la ausencia de acuerdos políticos sólidos, con medidas las cuales han resultado poco efectivas, que no han establecido un vínculo real con organizaciones sociales, juntas vecinales y, en definitiva, con quienes sufren directamente la falta de seguridad. A estas falencias de dirección se suma el rol de los medios de comunicación, que lejos de ocultar la situación, la exponen diariamente en noticieros y programas matinales, difundiendo una realidad cruda, a veces amplificada, que refuerza la percepción de descontrol.
Ese es el escenario a meses del inicio de gobierno, donde la seguridad era sin duda, la primera prioridad en la agenda estatal, porque este no es solo un problema que inquieta a los chilenos de todas las clases sociales y de las regiones, sino que además fue la principal bandera electoral que permitió a José Antonio Kast alcanzar la presidencia. Ante ese puntapié en falso, el nuevo ministro Martín Arrau deberá imprimir rapidez y firmeza en la gestión, obligando al nuevo Ejecutivo a demostrar eficacia, liderazgo y capacidad de respuesta frente a la delincuencia, el crimen organizado y el deterioro del orden público.
Sin embargo, es necesario reconocer, por incómodo que resulte, que la delincuencia no puede erradicarse por completo. El Estado sólo puede contenerla, anticiparse y sancionarla, pero no eliminarla, porque las decisiones individuales son al final independientes. Quien opta por el camino del delito lo hace bajo su propia voluntad, indistintamente de sus motivaciones y condiciones, y la autoridad no puede modificar esa elección desde la raíz.
Pretender que la criminalidad desaparecerá por decreto o por la mera voluntad de un gobierno es una ilusión. Lo máximo que puede lograrse es disminuir su impacto por medio de la prevención, restringir su alcance y mantenerla bajo control. Prometer lo contrario es caer en discursos populistas y falaces que generan expectativas imposibles de cumplir.
La experiencia internacional lo demuestra. Colombia, como ejemplo, logró desmantelar los grandes carteles de la droga, aunque al final el narcotráfico persiste en estructuras más pequeñas, herederos de las rutas y mercados de quienes fueron detenidos. Entonces, el fenómeno de la criminalidad no desapareció, solo fue retomada por nuevos participantes.
Por ello, el gobierno debe ajustar sus políticas públicas con realismo. La delincuencia se debe combatir con todas las herramientas a disposición del Estado, desde los operativos policiales y la inteligencia civil, como articulaciones básicas de control, hasta el uso de programas sociales y educación para prevención, por medio de una coordinación interinstitucional. Este es un desafío multifactorial y de largo plazo, que requiere perseverancia y honestidad política.
En conclusión, el gobierno debe abandonar la retórica fácil y asumir que la delincuencia no se erradica, sólo se regula mediante constancia, inteligencia y coordinación. Reconocer que no habrá un triunfo absoluto sobre la criminalidad no es debilidad, es por el contrario honestidad política, porque la ciudadanía no necesita promesas ilusorias o discursos complacientes, sino resultados concretos que demuestren que la autoridad está dispuesta a contener el crimen organizado y reducir su impacto real en la vida cotidiana.
A partir de allí se puede proceder a desarticular las redes delictivas y mantenerlas bajo control como un control fronterizo permanente que impida su expansión, ese sería el esfuerzo permanente de quienes nos gobiernan. Un compromiso del Estado dirigiendo una batalla que será larga, difícil y nunca definitiva, pero que debe librarse sin descanso.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político.
Caza de Brujas Migratoria
Caza de Brujas Migratoria
Siguiendo su plan, en abril el gobierno anunció su primera medida contra los migrantes en situación irregular, la expulsión del país. A primera vista, podría parecer una medida legítima, quienes han cometido delitos o no han cumplido con la legislación chilena deben enfrentar las consecuencias. Sin embargo, detrás de esta aparente lógica se esconde un riesgo evidente, la tentación de transformar un mecanismo legal en una herramienta de arbitrariedad.
Los gobiernos de derecha, y con mayor razón los de ultraderecha, suelen mostrar una fascinación por el orden y una clara inclinación autoritaria. En ese contexto, la línea que separa la aplicación justa de la ley de la expulsión arbitraria es extremadamente delgada. No sería extraño que pronto surjan denuncias en tribunales por expulsiones sin fundamento, afectando a migrantes que no cumplen con los criterios exigidos o que simplemente son objeto de discriminación. El peligro es claro, pasar de una política de regulación migratoria a una práctica xenófoba y racista disfrazada de “control”.
Aquí se debe definir bien. La expulsión de quienes delinquen o han tenido múltiples oportunidades para regularizar su situación puede ser defendida como legítima. El problema surge cuando se confunde al migrante irregular con el delincuente. Esa confusión no solo genera malestar ciudadano y tensiones con las comunidades migrantes, sino que incluso puede derivar en conflictos diplomáticos. En Chile, lamentablemente, el racismo y la xenofobia son fenómenos transversales que atraviesan los colores políticos, y existe el riesgo de que estas prácticas acaben por institucionalizarse.
Tampoco debemos perder de vista que la regulación migratoria es necesaria, pero no debemos convertir la regulación en una “caza de brujas”, deportar sólo por ser emigrante, por ser diferente. El riesgo es que se abuse por satisfacción ideológica, porque encarnan la visión excluyente de un grupo de la sociedad. Perseguir a todo el que “no gusta”: el vecino de otra cultura, el emprendedor extranjero, el que piensa distinto. Esa lógica de exclusión es la misma que invisibiliza a las etnias, a las personas con discapacidad y a otros grupos históricamente marginados.
Por ahora falta que el gobierno demuestre que sus intenciones no son racistas y xenófobas, o si por el contrario, se siente cómodo institucionalizando estas medidas. Porque lo que está en juego no es solo la política migratoria, sino el reflejo de una cultura nacional, la tolerancia a la discriminación y que, en lugar de escandalizarse, aplaude la expulsión de haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos o ecuatorianos bajo el argumento de que “nos quitan el trabajo” o “no nos gustan sus costumbres”.
La conclusión es clara y debe decirse sin rodeos. La expulsión de migrantes ilegales puede ser un derecho legítimo del Estado, pero cuando se convierta en un instrumento de arbitrariedad y xenofobia, deja de ser política pública y pasa a ser persecución.
El gobierno juega con fuego al confundir regulación con exclusión, y esa delgada línea roja amenaza con institucionalizar el racismo en Chile. No se trata sólo de delincuentes o de quienes incumplen la ley, sino del riesgo de que se expulse al que incomoda, al que piensa distinto, al que representa una cultura ajena. Esa deriva autoritaria no es control migratorio, es una caza de brujas que desnuda lo peor de nuestra sociedad. Si permitimos que se normalice, estaremos aceptando que el racismo se convierta en política de Estado.
En definitiva, el gobierno inició abril con expulsiones que se presentaron como legítimas, que terminaron revelando un trasfondo autoritario y discriminatorio. El riesgo de confundir la regulación con persecución es alto, abriendo la puerta a prácticas xenófobas que institucionalizaron el racismo en Chile, en un país con historia de discriminación.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
viernes, 12 de junio de 2026
jueves, 11 de junio de 2026
Caza de Brujas Migratoria
Caza de Brujas Migratoria
Siguiendo su plan, en abril el gobierno anunció su primera medida contra los migrantes en situación irregular, la expulsión del país. A primera vista, podría parecer una medida legítima, quienes han cometido delitos o no han cumplido con la legislación chilena deben enfrentar las consecuencias. Sin embargo, detrás de esta aparente lógica se esconde un riesgo evidente, la tentación de transformar un mecanismo legal en una herramienta de arbitrariedad.
Los gobiernos de derecha, y con mayor razón los de ultraderecha, suelen mostrar una fascinación por el orden y una clara inclinación autoritaria. En ese contexto, la línea que separa la aplicación justa de la ley de la expulsión arbitraria es extremadamente delgada. No sería extraño que pronto surjan denuncias en tribunales por expulsiones sin fundamento, afectando a migrantes que no cumplen con los criterios exigidos o que simplemente son objeto de discriminación. El peligro es claro, pasar de una política de regulación migratoria a una práctica xenófoba y racista disfrazada de “control”.
Aquí se debe definir bien. La expulsión de quienes delinquen o han tenido múltiples oportunidades para regularizar su situación puede ser defendida como legítima. El problema surge cuando se confunde al migrante irregular con el delincuente. Esa confusión no solo genera malestar ciudadano y tensiones con las comunidades migrantes, sino que incluso puede derivar en conflictos diplomáticos. En Chile, lamentablemente, el racismo y la xenofobia son fenómenos transversales que atraviesan los colores políticos, y existe el riesgo de que estas prácticas acaben por institucionalizarse.
Tampoco debemos perder de vista que la regulación migratoria es necesaria, pero no debemos convertir la regulación en una “caza de brujas”, deportar sólo por ser emigrante, por ser diferente. El riesgo es que se abuse por satisfacción ideológica, porque encarnan la visión excluyente de un grupo de la sociedad. Perseguir a todo el que “no gusta”: el vecino de otra cultura, el emprendedor extranjero, el que piensa distinto. Esa lógica de exclusión es la misma que invisibiliza a las etnias, a las personas con discapacidad y a otros grupos históricamente marginados.
Por ahora falta que el gobierno demuestre que sus intenciones no son racistas y xenófobas, o si por el contrario, se siente cómodo institucionalizando estas medidas. Porque lo que está en juego no es solo la política migratoria, sino el reflejo de una cultura nacional, la tolerancia a la discriminación y que, en lugar de escandalizarse, aplaude la expulsión de haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos o ecuatorianos bajo el argumento de que “nos quitan el trabajo” o “no nos gustan sus costumbres”.
La conclusión es clara y debe decirse sin rodeos. La expulsión de migrantes ilegales puede ser un derecho legítimo del Estado, pero cuando se convierta en un instrumento de arbitrariedad y xenofobia, deja de ser política pública y pasa a ser persecución.
El gobierno juega con fuego al confundir regulación con exclusión, y esa delgada línea roja amenaza con institucionalizar el racismo en Chile. No se trata sólo de delincuentes o de quienes incumplen la ley, sino del riesgo de que se expulse al que incomoda, al que piensa distinto, al que representa una cultura ajena. Esa deriva autoritaria no es control migratorio, es una caza de brujas que desnuda lo peor de nuestra sociedad. Si permitimos que se normalice, estaremos aceptando que el racismo se convierta en política de Estado.
En definitiva, el gobierno inició abril con expulsiones que se presentaron como legítimas, que terminaron revelando un trasfondo autoritario y discriminatorio. El riesgo de confundir la regulación con persecución es alto, abriendo la puerta a prácticas xenófobas que institucionalizaron el racismo en Chile, en un país con historia de discriminación.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político