La ironía de la historia: quienes despreciaron la transición ahora la reclaman
La llamada “democracia de los acuerdos” ha sido utilizada como arma arrojadiza según la conveniencia política del momento. Durante años los últimos años ha sido objeto de críticas implacables por parte de sectores que la consideraban una renuncia, una claudicación o un pacto excesivamente moderado a la hora de implementar las reformas necesarias.
Sin embargo, las críticas a los 20 años de la Concertación deliberadamente ignoran o minimizan el contexto extraordinariamente complejo en que se tomaron esas decisiones. Patricio Aylwin gobernó con un dictador aún en el país, con senadores designados, con un sistema electoral que favorecía el empate y con una institucionalidad diseñada para limitar el cambio. Eso condicionó cada reforma, cada avance y cada retroceso. Por lo tanto, pretender juzgar ese período sin considerar esas restricciones es como mínimo, una lectura histórica incompleta; como máximo, una manipulación interesada.
Hoy muchos de esos mismos sectores parecen echarla de menos. Una contradicción no menor, porque llegados al gobierno intentan apropiarse de tal legado, reivindicando y citando a los líderes de esos acuerdos como referentes.
Las dudas caen sobre sus convicciones reales, si serían las de entonces cuando deslegitimaban la transición, o las de ahora cuando buscan presentarse como herederos de Aylwin, Lagos o Bachelet. La inconsistencia no es sólo discursiva; revela una falta de comprensión sobre la naturaleza misma de gobernar en democracia, donde las mayorías se construyen, no se decretan.
No se puede olvidar que muchos de quienes denostaron la democracia de los acuerdos fueron los mismos que prometieron transformaciones radicales, los que relativizaron la violencia del 18 de octubre y los que sostuvieron que el país podía refundarse desde cero. Hoy, enfrentados a la realidad del poder, descubren que las instituciones no se doblegan a voluntad, que gobernar exige negociación, gradualidad y responsabilidad. La búsqueda de consensos se convierte ahora en una necesidad ineludible.
Resulta legítimo preguntarse por qué deberíamos aceptar este giro sin una autocrítica seria de por medio. No se trata de reescribir la historia, ni tampoco enlodar la imagen de quienes acusaron a otros de continuistas o cobardes. Las condiciones para la transición fueron excepcionales, y hoy quienes las relativizaban utilizan exactamente los mismos argumentos que antes rechazaban: falta de mayorías, oposición obstruccionista, restricciones institucionales. La coherencia, al parecer, es un bien escaso.
La política nunca ha sido un ejercicio simple. No se trata solo de impugnar lo anterior ni de presentarse como portadores de una superioridad moral que no resiste contraste con los hechos. Durante cuatro años, quienes prometieron grandes transformaciones han modificado muy poco de las reformas que criticaron. En
muchos casos, han administrado y a veces defendido lo que se construyó en los 20 años previos, e incluso lo avanzado en gobiernos que antes descalificaban por completo.
La ausencia de autocrítica es el punto más preocupante. Porque no se trata de negar errores de la transición ni de idealizar sus resultados, sino de reconocer que se gobernó en condiciones adversas y que, pese a ello, se consolidó una democracia que permitió a las generaciones posteriores llegar al poder. Ese legado no puede ser apropiado selectivamente según la conveniencia del momento.
Ha llegado la hora de que quienes participaron en la transición defiendan con claridad lo que se hizo bien y reconozcan lo que se hizo mal, sin complejos ni silencios estratégicos. Y también es hora de exigir a quienes menospreciaron esa transición que asuman los costos de sus propias decisiones. La historia no puede ser un botín político. La coherencia, la responsabilidad y la memoria importan. Y tarde o temprano, la realidad termina poniendo a cada uno en su lugar.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
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