Caza de Brujas Migratoria

 Caza de Brujas Migratoria

Siguiendo su plan, en abril el gobierno anunció su primera medida contra los migrantes en situación irregular, la expulsión del país. A primera vista, podría parecer una medida legítima, quienes han cometido delitos o no han cumplido con la legislación chilena deben enfrentar las consecuencias. Sin embargo, detrás de esta aparente lógica se esconde un riesgo evidente, la tentación de transformar un mecanismo legal en una herramienta de arbitrariedad.

Los gobiernos de derecha, y con mayor razón los de ultraderecha, suelen mostrar una fascinación por el orden y una clara inclinación autoritaria. En ese contexto, la línea que separa la aplicación justa de la ley de la expulsión arbitraria es extremadamente delgada. No sería extraño que pronto surjan denuncias en tribunales por expulsiones sin fundamento, afectando a migrantes que no cumplen con los criterios exigidos o que simplemente son objeto de discriminación. El peligro es claro, pasar de una política de regulación migratoria a una práctica xenófoba y racista disfrazada de “control”.

Aquí se debe definir bien. La expulsión de quienes delinquen o han tenido múltiples oportunidades para regularizar su situación puede ser defendida como legítima. El problema surge cuando se confunde al migrante irregular con el delincuente. Esa confusión no solo genera malestar ciudadano y tensiones con las comunidades migrantes, sino que incluso puede derivar en conflictos diplomáticos. En Chile, lamentablemente, el racismo y la xenofobia son fenómenos transversales que atraviesan los colores políticos, y existe el riesgo de que estas prácticas acaben por institucionalizarse.

Tampoco debemos perder de vista que la regulación migratoria es necesaria, pero no debemos convertir la regulación en una “caza de brujas”, deportar sólo por ser emigrante, por ser diferente. El riesgo es que se abuse por satisfacción ideológica, porque encarnan la visión excluyente de un grupo de la sociedad. Perseguir a todo el que “no gusta”: el vecino de otra cultura, el emprendedor extranjero, el que piensa distinto. Esa lógica de exclusión es la misma que invisibiliza a las etnias, a las personas con discapacidad y a otros grupos históricamente marginados.

Por ahora falta que el gobierno demuestre que sus intenciones no son racistas y xenófobas, o si por el contrario, se siente cómodo institucionalizando estas medidas. Porque lo que está en juego no es solo la política migratoria, sino el reflejo de una cultura nacional, la tolerancia a la discriminación y que, en lugar de escandalizarse, aplaude la expulsión de haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos o ecuatorianos bajo el argumento de que “nos quitan el trabajo” o “no nos gustan sus costumbres”.

La conclusión es clara y debe decirse sin rodeos. La expulsión de migrantes ilegales puede ser un derecho legítimo del Estado, pero cuando se convierta en un instrumento de arbitrariedad y xenofobia, deja de ser política pública y pasa a ser persecución.

El gobierno juega con fuego al confundir regulación con exclusión, y esa delgada línea roja amenaza con institucionalizar el racismo en Chile. No se trata sólo de delincuentes o de quienes incumplen la ley, sino del riesgo de que se expulse al que incomoda, al que piensa distinto, al que representa una cultura ajena. Esa deriva autoritaria no es control migratorio, es una caza de brujas que desnuda lo peor de nuestra sociedad. Si permitimos que se normalice, estaremos aceptando que el racismo se convierta en política de Estado.

En definitiva, el gobierno inició abril con expulsiones que se presentaron como legítimas, que terminaron revelando un trasfondo autoritario y discriminatorio. El riesgo de confundir la regulación con persecución es alto, abriendo la puerta a prácticas xenófobas que institucionalizaron el racismo en Chile, en un país con historia de discriminación.

Nelson Leiva Lerzundi

Cientista Político