sábado, 27 de junio de 2026
viernes, 26 de junio de 2026
jueves, 25 de junio de 2026
Del grito popular al fracaso político
Del grito popular al fracaso político
El 18 de octubre del 2019, se levantó un grito que no nació de partidos ni de estructuras políticas, sino de la ciudadanía misma. Con la consigna “Hasta que la dignidad se haga costumbre”, era un llamado genuino, espontáneo, expresando el hartazgo frente a un sistema que había normalizado la desigualdad.
Sin embargo, ante la poca representación política, pronto ese lema fue apropiado por quienes vieron la oportunidad. Como suele ocurrir, el movimiento social —sin organización política sólida— se fue diluyendo, y el espacio fue ocupado por quienes sí tenían una estructura partidaria. Entonces, el Frente Amplio intentó traducir la energía alrededor del concepto de dignidad, en favor del gobierno por medio de acciones sistemáticas, o sea, por medio de leyes y mecanismos políticos.
Aquí está el error, considerar que se puede traspasar ese sentimiento, la emoción alrededor de la dignidad e intentar construir un concepto común del mismo, una mística. La respuesta natural fue una negativa, porque la dignidad no se decreta desde arriba, es un proceso colectivo que se construye día a día en los barrios, en los sindicatos, en las agrupaciones sociales, y también en la vida individual.
Además, de las medidas tampoco se consiguieron resultados. El paso de rebelde a ciudadano – el traspaso de testigo al Frente Amplio – venía con la promesa de mejoras concretas dentro del sistema: un sueldo digno, pensiones justas, salud sin filas interminables, educación sin deudas eternas. Y para mal de todos nada de eso llegó.
Finalmente, el gobierno que se arrogó la misión de traer la dignidad dejó todo a medias. Aunque de eso no podemos entregarles la completa culpa. La política chilena funciona como un campo de fuerzas contrapuestas, donde gobierno y oposición se neutralizan mutuamente. Sin acuerdos, los cambios no ocurren. Y cuando las diferencias son abismales, lo único que prospera es el obstruccionismo. Así, la dignidad terminó convertida en un proyecto teórico, más un slogan que realidad.
Debemos entender que existe un problema conceptual. No existe una definición única al respecto. La dignidad de un trabajador en Bajos de Mena no es la misma que la de un vecino de Providencia, ni la de un joven endeudado por el CAE es igual a la de un dirigente político. Cada territorio, cada experiencia, cada historia personal configura una visión distinta. Pretender que un gobierno traduzca ese concepto en políticas universales es ingenuo. Lo que ocurre, en cambio, es que se eleva la expectativa y se multiplica la frustración.
La historia demuestra que los grandes cambios requieren tiempo, continuidad y voluntad política sostenida. En Chile, los gobiernos de cuatro o seis años se quedan cortos; los autoritarios lograron transformaciones profundas, aunque bajo condiciones antidemocráticas; y los democráticos, en cambio, han chocado con el límite del tiempo, el idealismo y la improvisación. Como resultado solo se han conseguido cambios cosméticos, medianamente profundos, pero nunca estructurales.
La dignidad, entonces, no puede ser monopolio de un partido ni de un
gobierno. No es un paradigma único ni una verdad absoluta. Es una construcción
parcial, diversa, que debe levantarse colectivamente, paso a paso, desde abajo
y entre todos. El error fue creer que podía imponerse como consigna política y
resolverse desde La Moneda con sus tiempos políticos, sin considerar las
necesidades de la gente. La dignidad nunca llegó porque esta no se construye
con slogans, se hace con justicia social, con respeto real, con cambios
concretos en la vida cotidiana. Y si los gobiernos no cumplen, será el pueblo
quien, con su fuerza y su persistencia, imponga la dignidad como práctica
cotidiana. En definitiva, la dignidad no se negocia, se conquista.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
Gobierno bajo presión, seguridad sin milagros
Gobierno bajo presión, seguridad sin milagros
Como era de esperarse, las críticas al gobierno ya han comenzado. Se mantiene en el foco público la incapacidad de alcanzar el orden prometido en campaña, la ausencia de un programa claro de seguridad que terminó con la remoción de su ministra, y la ausencia de acuerdos políticos sólidos, con medidas las cuales han resultado poco efectivas, que no han establecido un vínculo real con organizaciones sociales, juntas vecinales y, en definitiva, con quienes sufren directamente la falta de seguridad. A estas falencias de dirección se suma el rol de los medios de comunicación, que lejos de ocultar la situación, la exponen diariamente en noticieros y programas matinales, difundiendo una realidad cruda, a veces amplificada, que refuerza la percepción de descontrol.
Ese es el escenario a meses del inicio de gobierno, donde la seguridad era sin duda, la primera prioridad en la agenda estatal, porque este no es solo un problema que inquieta a los chilenos de todas las clases sociales y de las regiones, sino que además fue la principal bandera electoral que permitió a José Antonio Kast alcanzar la presidencia. Ante ese puntapié en falso, el nuevo ministro Martín Arrau deberá imprimir rapidez y firmeza en la gestión, obligando al nuevo Ejecutivo a demostrar eficacia, liderazgo y capacidad de respuesta frente a la delincuencia, el crimen organizado y el deterioro del orden público.
Sin embargo, es necesario reconocer, por incómodo que resulte, que la delincuencia no puede erradicarse por completo. El Estado sólo puede contenerla, anticiparse y sancionarla, pero no eliminarla, porque las decisiones individuales son al final independientes. Quien opta por el camino del delito lo hace bajo su propia voluntad, indistintamente de sus motivaciones y condiciones, y la autoridad no puede modificar esa elección desde la raíz.
Pretender que la criminalidad desaparecerá por decreto o por la mera voluntad de un gobierno es una ilusión. Lo máximo que puede lograrse es disminuir su impacto por medio de la prevención, restringir su alcance y mantenerla bajo control. Prometer lo contrario es caer en discursos populistas y falaces que generan expectativas imposibles de cumplir.
La experiencia internacional lo demuestra. Colombia, como ejemplo, logró desmantelar los grandes carteles de la droga, aunque al final el narcotráfico persiste en estructuras más pequeñas, herederos de las rutas y mercados de quienes fueron detenidos. Entonces, el fenómeno de la criminalidad no desapareció, solo fue retomada por nuevos participantes.
Por ello, el gobierno debe ajustar sus políticas públicas con realismo. La delincuencia se debe combatir con todas las herramientas a disposición del Estado, desde los operativos policiales y la inteligencia civil, como articulaciones básicas de control, hasta el uso de programas sociales y educación para prevención, por medio de una coordinación interinstitucional. Este es un desafío multifactorial y de largo plazo, que requiere perseverancia y honestidad política.
En conclusión, el gobierno debe abandonar la retórica fácil y asumir que la delincuencia no se erradica, sólo se regula mediante constancia, inteligencia y coordinación. Reconocer que no habrá un triunfo absoluto sobre la criminalidad no es debilidad, es por el contrario honestidad política, porque la ciudadanía no necesita promesas ilusorias o discursos complacientes, sino resultados concretos que demuestren que la autoridad está dispuesta a contener el crimen organizado y reducir su impacto real en la vida cotidiana.
A partir de allí se puede proceder a desarticular las redes delictivas y mantenerlas bajo control como un control fronterizo permanente que impida su expansión, ese sería el esfuerzo permanente de quienes nos gobiernan. Un compromiso del Estado dirigiendo una batalla que será larga, difícil y nunca definitiva, pero que debe librarse sin descanso.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político.
Caza de Brujas Migratoria
Caza de Brujas Migratoria
Siguiendo su plan, en abril el gobierno anunció su primera medida contra los migrantes en situación irregular, la expulsión del país. A primera vista, podría parecer una medida legítima, quienes han cometido delitos o no han cumplido con la legislación chilena deben enfrentar las consecuencias. Sin embargo, detrás de esta aparente lógica se esconde un riesgo evidente, la tentación de transformar un mecanismo legal en una herramienta de arbitrariedad.
Los gobiernos de derecha, y con mayor razón los de ultraderecha, suelen mostrar una fascinación por el orden y una clara inclinación autoritaria. En ese contexto, la línea que separa la aplicación justa de la ley de la expulsión arbitraria es extremadamente delgada. No sería extraño que pronto surjan denuncias en tribunales por expulsiones sin fundamento, afectando a migrantes que no cumplen con los criterios exigidos o que simplemente son objeto de discriminación. El peligro es claro, pasar de una política de regulación migratoria a una práctica xenófoba y racista disfrazada de “control”.
Aquí se debe definir bien. La expulsión de quienes delinquen o han tenido múltiples oportunidades para regularizar su situación puede ser defendida como legítima. El problema surge cuando se confunde al migrante irregular con el delincuente. Esa confusión no solo genera malestar ciudadano y tensiones con las comunidades migrantes, sino que incluso puede derivar en conflictos diplomáticos. En Chile, lamentablemente, el racismo y la xenofobia son fenómenos transversales que atraviesan los colores políticos, y existe el riesgo de que estas prácticas acaben por institucionalizarse.
Tampoco debemos perder de vista que la regulación migratoria es necesaria, pero no debemos convertir la regulación en una “caza de brujas”, deportar sólo por ser emigrante, por ser diferente. El riesgo es que se abuse por satisfacción ideológica, porque encarnan la visión excluyente de un grupo de la sociedad. Perseguir a todo el que “no gusta”: el vecino de otra cultura, el emprendedor extranjero, el que piensa distinto. Esa lógica de exclusión es la misma que invisibiliza a las etnias, a las personas con discapacidad y a otros grupos históricamente marginados.
Por ahora falta que el gobierno demuestre que sus intenciones no son racistas y xenófobas, o si por el contrario, se siente cómodo institucionalizando estas medidas. Porque lo que está en juego no es solo la política migratoria, sino el reflejo de una cultura nacional, la tolerancia a la discriminación y que, en lugar de escandalizarse, aplaude la expulsión de haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos o ecuatorianos bajo el argumento de que “nos quitan el trabajo” o “no nos gustan sus costumbres”.
La conclusión es clara y debe decirse sin rodeos. La expulsión de migrantes ilegales puede ser un derecho legítimo del Estado, pero cuando se convierta en un instrumento de arbitrariedad y xenofobia, deja de ser política pública y pasa a ser persecución.
El gobierno juega con fuego al confundir regulación con exclusión, y esa delgada línea roja amenaza con institucionalizar el racismo en Chile. No se trata sólo de delincuentes o de quienes incumplen la ley, sino del riesgo de que se expulse al que incomoda, al que piensa distinto, al que representa una cultura ajena. Esa deriva autoritaria no es control migratorio, es una caza de brujas que desnuda lo peor de nuestra sociedad. Si permitimos que se normalice, estaremos aceptando que el racismo se convierta en política de Estado.
En definitiva, el gobierno inició abril con expulsiones que se presentaron como legítimas, que terminaron revelando un trasfondo autoritario y discriminatorio. El riesgo de confundir la regulación con persecución es alto, abriendo la puerta a prácticas xenófobas que institucionalizaron el racismo en Chile, en un país con historia de discriminación.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
viernes, 12 de junio de 2026
jueves, 11 de junio de 2026
Caza de Brujas Migratoria
Caza de Brujas Migratoria
Siguiendo su plan, en abril el gobierno anunció su primera medida contra los migrantes en situación irregular, la expulsión del país. A primera vista, podría parecer una medida legítima, quienes han cometido delitos o no han cumplido con la legislación chilena deben enfrentar las consecuencias. Sin embargo, detrás de esta aparente lógica se esconde un riesgo evidente, la tentación de transformar un mecanismo legal en una herramienta de arbitrariedad.
Los gobiernos de derecha, y con mayor razón los de ultraderecha, suelen mostrar una fascinación por el orden y una clara inclinación autoritaria. En ese contexto, la línea que separa la aplicación justa de la ley de la expulsión arbitraria es extremadamente delgada. No sería extraño que pronto surjan denuncias en tribunales por expulsiones sin fundamento, afectando a migrantes que no cumplen con los criterios exigidos o que simplemente son objeto de discriminación. El peligro es claro, pasar de una política de regulación migratoria a una práctica xenófoba y racista disfrazada de “control”.
Aquí se debe definir bien. La expulsión de quienes delinquen o han tenido múltiples oportunidades para regularizar su situación puede ser defendida como legítima. El problema surge cuando se confunde al migrante irregular con el delincuente. Esa confusión no solo genera malestar ciudadano y tensiones con las comunidades migrantes, sino que incluso puede derivar en conflictos diplomáticos. En Chile, lamentablemente, el racismo y la xenofobia son fenómenos transversales que atraviesan los colores políticos, y existe el riesgo de que estas prácticas acaben por institucionalizarse.
Tampoco debemos perder de vista que la regulación migratoria es necesaria, pero no debemos convertir la regulación en una “caza de brujas”, deportar sólo por ser emigrante, por ser diferente. El riesgo es que se abuse por satisfacción ideológica, porque encarnan la visión excluyente de un grupo de la sociedad. Perseguir a todo el que “no gusta”: el vecino de otra cultura, el emprendedor extranjero, el que piensa distinto. Esa lógica de exclusión es la misma que invisibiliza a las etnias, a las personas con discapacidad y a otros grupos históricamente marginados.
Por ahora falta que el gobierno demuestre que sus intenciones no son racistas y xenófobas, o si por el contrario, se siente cómodo institucionalizando estas medidas. Porque lo que está en juego no es solo la política migratoria, sino el reflejo de una cultura nacional, la tolerancia a la discriminación y que, en lugar de escandalizarse, aplaude la expulsión de haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos o ecuatorianos bajo el argumento de que “nos quitan el trabajo” o “no nos gustan sus costumbres”.
La conclusión es clara y debe decirse sin rodeos. La expulsión de migrantes ilegales puede ser un derecho legítimo del Estado, pero cuando se convierta en un instrumento de arbitrariedad y xenofobia, deja de ser política pública y pasa a ser persecución.
El gobierno juega con fuego al confundir regulación con exclusión, y esa delgada línea roja amenaza con institucionalizar el racismo en Chile. No se trata sólo de delincuentes o de quienes incumplen la ley, sino del riesgo de que se expulse al que incomoda, al que piensa distinto, al que representa una cultura ajena. Esa deriva autoritaria no es control migratorio, es una caza de brujas que desnuda lo peor de nuestra sociedad. Si permitimos que se normalice, estaremos aceptando que el racismo se convierta en política de Estado.
En definitiva, el gobierno inició abril con expulsiones que se presentaron como legítimas, que terminaron revelando un trasfondo autoritario y discriminatorio. El riesgo de confundir la regulación con persecución es alto, abriendo la puerta a prácticas xenófobas que institucionalizaron el racismo en Chile, en un país con historia de discriminación.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
sábado, 6 de junio de 2026
viernes, 5 de junio de 2026
Defensa y disuasión: inversión estratégica para la soberanía chilena
Defensa y disuasión: inversión estratégica para la soberanía chilena
Las recientes declaraciones de Antauro Humala, ex militar y político peruano, en las que plantea la “recuperación” de Arica y Tarapacá incluso por la vía armada, no pueden ser tomadas a la ligera. Constituyen un recordatorio de que las amenazas externas, aunque provengan de discursos radicales, deben ser enfrentadas con preparación estratégica y capacidad de respuesta.
Dicho de otra manera, la defensa geopolítica exige reconocer que la disuasión es tan importante como la acción. Un país que carece de armamento moderno y actualizado se expone a que sus enemigos perciban debilidad, lo que incrementa el riesgo de agresión. Desde esa postura, la fuerza militar no es solo un instrumento de combate, sino un objeto disuasivo cuyo mensaje es claro: “quien intente vulnerar nuestra soberanía, encontrará resistencia inmediata y contundente”.
En este contexto, se justifica la inversión de Chile en capacidades defensivas y disuasivas: cazas F-16, sistemas de alerta temprana, tanques Leopard 2A4 y artillería autopropulsada, entre otros. Estas adquisiciones configuran una fuerza móvil y preparada para responder a escenarios de tensión.
Es importante subrayar que Chile no ha mostrado aspiraciones expansionistas ni una política exterior agresiva. Su tradición ha sido la defensa de la soberanía y la estabilidad regional. Sin embargo, las tensiones ocasionales con países vecinos hacen imprescindible mantener una estrategia que combine preparación militar, alianzas internacionales, manejo de los recursos naturales, capacidad política y económica.
En esa posición, incluso las agresiones retóricas deben ser atendidas con firmeza, pero sin iniciar las ofensivas. La respuesta chilena siempre debe orientarse hacia una protección integral de la soberanía. La planificación estratégica, silenciosa a la vez que efectiva, debe garantizar la paz y la seguridad nacional.
Además, frente a amenazas modernas el país debe prepararse, enfrentamientos que probablemente serán una combinación de armas convencionales y múltiples modalidades, como la guerra híbrida, el uso de drones o la ciberseguridad.
En consecuencia, resulta imprescindible seguir destinando recursos al armamento defensivo. La inversión, aunque elevada, debe entenderse como una prioridad estructural enfocada en fortalecer la seguridad, impulsar el desarrollo científico y tecnológico, reducir la dependencia externa y preparar al país para nuevas formas de conflicto.
Acá la lección es clara, es la preparación la mejor garantía frente a cualquier amenaza. Cuando algunos lo ponen en duda, los discursos retóricos que afirman que “afortunadamente somos solo eso” sirven como recordatorio de que no podemos relajarnos. La defensa debe ser, sin lugar a dudas, una prioridad dentro del gasto público.
Esto no significa descuidar áreas esenciales como salud, educación, vivienda o los problemas sociales y coyunturales, pero debemos comprender de una vez por todas que la defensa de la soberanía chilena, por razones geopolíticas, será siempre un problema estructural y no un mero accidente.
La defensa nacional también debe contemplar un componente educativo y cultural. La sociedad chilena necesita comprender que la seguridad no es solo tarea de las Fuerzas Armadas, sino un compromiso colectivo que involucra a ciudadanos, instituciones y empresas. La resiliencia nacional se construye con cohesión social, confianza en las instituciones y preparación frente a emergencias. Invertir en defensa significa también invertir en formación, investigación y cooperación internacional, fortaleciendo la capacidad del país para enfrentar crisis de cualquier naturaleza. Así, la defensa se convierte en un pilar de estabilidad y desarrollo integral.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político