Gobierno bajo presión, seguridad sin milagros

 

Gobierno bajo presión, seguridad sin milagros 

Como era de esperarse, las críticas al gobierno ya han comenzado. Se mantiene en el foco público la incapacidad de alcanzar el orden prometido en campaña, la ausencia de un programa claro de seguridad que terminó con la remoción de su ministra, y la ausencia de acuerdos políticos sólidos, con medidas las cuales han resultado poco efectivas, que no han establecido un vínculo real con organizaciones sociales, juntas vecinales y, en definitiva, con quienes sufren directamente la falta de seguridad. A estas falencias de dirección se suma el rol de los medios de comunicación, que lejos de ocultar la situación, la exponen diariamente en noticieros y programas matinales, difundiendo una realidad cruda, a veces amplificada, que refuerza la percepción de descontrol. 

Ese es el escenario a meses del inicio de gobierno, donde la seguridad era sin duda, la primera prioridad en la agenda estatal, porque este no es solo un problema que inquieta a los chilenos de todas las clases sociales y de las regiones, sino que además fue la principal bandera electoral que permitió a José Antonio Kast alcanzar la presidencia. Ante ese puntapié en falso, el nuevo ministro Martín Arrau deberá imprimir rapidez y firmeza en la gestión, obligando al nuevo Ejecutivo a demostrar eficacia, liderazgo y capacidad de respuesta frente a la delincuencia, el crimen organizado y el deterioro del orden público. 

Sin embargo, es necesario reconocer, por incómodo que resulte, que la delincuencia no puede erradicarse por completo. El Estado sólo puede contenerla, anticiparse y sancionarla, pero no eliminarla, porque las decisiones individuales son al final independientes. Quien opta por el camino del delito lo hace bajo su propia voluntad, indistintamente de sus motivaciones y condiciones, y la autoridad no puede modificar esa elección desde la raíz. 

Pretender que la criminalidad desaparecerá por decreto o por la mera voluntad de un gobierno es una ilusión. Lo máximo que puede lograrse es disminuir su impacto por medio de la prevención, restringir su alcance y mantenerla bajo control. Prometer lo contrario es caer en discursos populistas y falaces que generan expectativas imposibles de cumplir. 

La experiencia internacional lo demuestra. Colombia, como ejemplo, logró desmantelar los grandes carteles de la droga, aunque al final el narcotráfico persiste en estructuras más pequeñas, herederos de las rutas y mercados de quienes fueron detenidos. Entonces, el fenómeno de la criminalidad no desapareció, solo fue retomada por nuevos participantes. 

Por ello, el gobierno debe ajustar sus políticas públicas con realismo. La delincuencia se debe combatir con todas las herramientas a disposición del Estado, desde los operativos policiales y la inteligencia civil, como articulaciones básicas de control, hasta el uso de programas sociales y educación para prevención, por medio de una coordinación interinstitucional. Este es un desafío multifactorial y de largo plazo, que requiere perseverancia y honestidad política. 

En conclusión, el gobierno debe abandonar la retórica fácil y asumir que la delincuencia no se erradica, sólo se regula mediante constancia, inteligencia y coordinación. Reconocer que no habrá un triunfo absoluto sobre la criminalidad no es debilidad, es por el contrario honestidad política, porque la ciudadanía no necesita promesas ilusorias o discursos complacientes, sino resultados concretos que demuestren que la autoridad está dispuesta a contener el crimen organizado y reducir su impacto real en la vida cotidiana. 

A partir de allí se puede proceder a desarticular las redes delictivas y mantenerlas bajo control como un control fronterizo permanente que impida su expansión, ese sería el esfuerzo permanente de quienes nos gobiernan. Un compromiso del Estado dirigiendo una batalla que será larga, difícil y nunca definitiva, pero que debe librarse sin descanso. 

 

 

Nelson Leiva Lerzundi

Cientista Político.