viernes, 31 de julio de 2026
viernes, 24 de julio de 2026
Impuestos regresivos y el dogmatismo político
Impuestos regresivos y el dogmatismo político
La discusión sobre las reformas económicas suele estar atrapada en trincheras ideológicas que impiden ver la realidad material de los ciudadanos. Históricamente, los sectores de la derecha han acusado a las propuestas de la izquierda de ser un motor de asistencia estatal ineficiente, tildándolas de una receta para crear una “fábrica de pobres”.
Sin embargo, enfrentamos una paradoja: bajo la promesa de generar desarrollo, estabilidad y crecimiento, la actual administración del gobierno está aplicando directrices que amenazan con llevarnos exactamente al mismo destino que tanto critica, a través de proteger y potenciar exclusivamente a los sectores económicos más privilegiados en detrimento de la población.
Este modelo no promueve de forma activa el aumento real del sueldo mínimo, ni resguarda el poder adquisitivo de los sectores vulnerables y de la clase media. Lo que hace es debilitar los cimientos del consumo interno. Como la economía real se nutre del circulante diario, sin este el mercado se deprime, disminuyen las transacciones y las consecuencias las paga el eslabón más débil de la cadena.
Es en este punto donde las pequeñas y medianas empresas (pymes) se convierten en las víctimas colaterales del dogmatismo. Mientras los grandes conglomerados cuentan con espaldas financieras para resistir los ciclos de contracción, las pymes nacionales nacen y subsisten en la total incertidumbre, operando al tres y al cuatro, asfixiadas por la falta de liquidez y desprovistas de libertades reales para competir en igualdad de condiciones.
La ortodoxia económica repite de forma incansable el argumento de que apoyar de manera irrestricta al gran capital genera empleo de forma automática. Sostiene que, si se beneficia al que más dinero tiene, este invertirá, reactivará el consumo y generará un bienestar general que llegará a todos en forma de mejores viviendas, salarios y recaudación estatal.
En la práctica, muchos grandes capitalistas recurren a subterfugios legales y tributarios para evitar la contratación de personal, o bien optan por reinvertir sus utilidades en mercados especulativos que no generan un valor real ni directo para el desarrollo interno de la nación.
El resultado de favorecer este esquema es la profundización de los
impuestos regresivos, un mecanismo injusto que sobrecarga económicamente a una
clase media trabajadora que sostiene los gastos del aparato estatal, mientras
observa cómo se ensancha la brecha entre los más ricos y los más necesitados.
El resultado es el empobrecimiento.
La responsabilidad por regular la pobreza no es exclusividad de un solo sector político; es una responsabilidad compartida. Por un lado, las propuestas de izquierda muchas veces se diluyen en aparatos burocráticos ineficientes que impiden que la ayuda social llegue de forma directa y focalizada a quienes la requieren. Por el otro, la derecha se empecina en defender un crecimiento macroeconómico ciego a las realidades distributivas. Una economía estancada, evidentemente no produce riqueza; pero una economía dinámica que no distribuye de manera justa sus ganancias tampoco asegura la erradicación de la miseria.
¿Y acaso no vimos venir la situación actual? Lamentablemente existieron advertencias explícitas. En pleno estallido social, la propia dirigencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) reconoció públicamente la urgencia de ceder regalías y abordar con seriedad las profundas desigualdades del país. De aquellas palabras han pasado años.
El tema con la política en Chile, es que los países con los que nos reflejamos, los desarrollados, alcanzaron su estatus a través de un pacto sociopolítico transversal. Comprendieron que el crecimiento de las empresas debía traducirse de forma tangible en mejores sueldos, estabilidad institucional y bienestar general para el ciudadano común. Ese código compartido fue el que garantizó su paz social.
Es por eso que Chile no puede permitir que la porfía ideológica pase por encima del sentido común. Si este gobierno insiste en aplicar un modelo regresivo y sectario, terminará destruyendo los frágiles avances alcanzados con gran esfuerzo por administraciones previas. Por eso es imperativo abandonar los maximalismos teóricos y avanzar hacia un acuerdo nacional amplio que ponga el dinamismo económico al servicio de la justicia social, evitando que las legítimas aspiraciones de desarrollo terminen convertidas, una vez más, en una fábrica de pobreza y desigualdad.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
El despertar geopolítico de Chile en la Antártica
El despertar geopolítico de Chile en la Antártica
La reciente idea de realizar el primer Consejo de gabinete Regional en la Antártica no es un mero acto administrativo; es un símbolo de alto impacto geopolítico. Con este gesto, la Antártica se consolida como un territorio fundamental para el Estado de Chile. El ejercicio del poder político debe manifestarse a través de la presencia soberana y la base geográfica, una materia históricamente impulsada por las Fuerzas Armadas y los países desarrollados, cuya institucionalización formal comenzó a gestarse bajo el gobierno de Augusto Pinochet.
Ocupar eficazmente nuestro territorio, evocando aquella metáfora de Jorge Ibáñez Vergara en la Universidad Católica sobre las "espadas" que proyectan nuestra geografía hacia el continente blanco, es la forma en que Chile expande su influencia en Latinoamérica hacia el extremo sur. Por ello, la presencia activa en la Antártica es de carácter vital.
Nuestra condición de país tricontinental (con soberanía en América del Sur, la Polinesia a través de Isla de Pascua y el Territorio Chileno Antártico) nos impone responsabilidades históricas. Como uno de los países firmantes y fundadores del Tratado Antártico, Chile está obligado a situar este asunto como una prioridad de Estado en sus relaciones internacionales. Esto exige que los gobiernos, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, especialmente en la Región de Magallanes, sean educados bajo una sólida conciencia geopolítica. Es urgente enseñar la relevancia institucional de la cartografía y la seguridad estratégica (como el mapa HD3), descentralizar la política antártica y dotarla de seriedad para internalizar estos conceptos a mediano y largo plazo.
En este contexto, las señales dadas tanto por el presidente José Antonio Kast como por el gobierno regional demuestran una mirada integradora y geopolíticamente ambiciosa. Sin embargo, los gestos simbólicos deben traducirse en políticas permanentes. Organismos como la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y las instituciones de defensa deben coordinarse con el Instituto Geográfico Militar y los actores políticos para trazar una visión de Estado proyectada a 20, 30 ó 40 años.
Aunque estos pasos son iniciales, resultan indispensables para anticipar la futura disputa por la soberanía antártica. Esta visión estratégica no solo define la relación con vecinos directos como Argentina, Perú y Bolivia, sino también con potencias del eje Asia-Pacífico, como lo son Australia, Japón, Nueva Zelanda o la influencia en Tahití que, aun sin fronteras directas, comparten intereses en la cuenca oceánica. Lamentablemente, el debate nacional aún está en pañales.
Finalmente, los partidos políticos y la clase dirigencial deben profesionalizarse en estos conceptos. La geopolítica ya no es un asunto secundario; el panorama internacional demuestra que el control de los accesos estratégicos define el poder mundial. Ejemplo son las Islas Malvinas, donde el Reino Unido mantiene su control por razones puramente estratégicas y Argentina insiste en su recuperación por la misma vía, evidencia que el territorio es el eje de la política del futuro. Chile debe superar su timidez conceptual y construir un consenso transversal para defender, con argumentos técnicos y convicción política, su posición estratégica en el mundo.
En conclusión, la Antártica es el tablero geopolítico más decisivo del siglo XXI. Los recientes gestos del gobierno regional y del presidente Kast deben superar la mera foto protocolar y transformarse en una política de Estado permanente. El futuro de nuestra soberanía no se jugará en la diplomacia tradicional, sino en la capacidad real de Chile para proyectar poder político, desarrollo científico y la capacidad de defensa hacia el extremo sur.
Y frente la futura disputa por recursos críticos y el control de rutas bioceánicas, la pasividad sería fatal. Chile debe consolidar su tricontinentalidad no como un mapa abstracto, sino como la llave estratégica frente al eje de potencias del Asia-Pacífico. Para eso, la clase política debe madurar, superar su timidez conceptual y construir un consenso transversal. La historia no perdonará la miopía frente al destino polar.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
viernes, 17 de julio de 2026
El despertar geopolítico de Chile en la Antártica
El despertar geopolítico de Chile en la Antártica
La reciente idea de realizar el primer Consejo de gabinete Regional en la Antártica no es un mero acto administrativo; es un símbolo de alto impacto geopolítico. Con este gesto, la Antártica se consolida como un territorio fundamental para el Estado de Chile. El ejercicio del poder político debe manifestarse a través de la presencia soberana y la base geográfica, una materia históricamente impulsada por las Fuerzas Armadas y los países desarrollados, cuya institucionalización formal comenzó a gestarse bajo el gobierno de Augusto Pinochet.
Ocupar eficazmente nuestro territorio, evocando aquella metáfora de Jorge Ibáñez Vergara en la Universidad Católica sobre las "espadas" que proyectan nuestra geografía hacia el continente blanco, es la forma en que Chile expande su influencia en Latinoamérica hacia el extremo sur. Por ello, la presencia activa en la Antártica es de carácter vital.
Nuestra condición de país tricontinental (con soberanía en América del Sur, la Polinesia a través de Isla de Pascua y el Territorio Chileno Antártico) nos impone responsabilidades históricas. Como uno de los países firmantes y fundadores del Tratado Antártico, Chile está obligado a situar este asunto como una prioridad de Estado en sus relaciones internacionales. Esto exige que los gobiernos, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, especialmente en la Región de Magallanes, sean educados bajo una sólida conciencia geopolítica. Es urgente enseñar la relevancia institucional de la cartografía y la seguridad estratégica (como el mapa HD3), descentralizar la política antártica y dotarla de seriedad para internalizar estos conceptos a mediano y largo plazo.
En este contexto, las señales dadas tanto por el presidente José Antonio Kast como por el gobierno regional demuestran una mirada integradora y geopolíticamente ambiciosa. Sin embargo, los gestos simbólicos deben traducirse en políticas permanentes. Organismos como la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y las instituciones de defensa deben coordinarse con el Instituto Geográfico Militar y los actores políticos para trazar una visión de Estado proyectada a 20, 30 ó 40 años.
Aunque estos pasos son iniciales, resultan indispensables para anticipar la futura disputa por la soberanía antártica. Esta visión estratégica no solo define la relación con vecinos directos como Argentina, Perú y Bolivia, sino también con potencias del eje Asia-Pacífico, como lo son Australia, Japón, Nueva Zelanda o la influencia en Tahití que, aun sin fronteras directas, comparten intereses en la cuenca oceánica. Lamentablemente, el debate nacional aún está en pañales.
Finalmente, los partidos políticos y la clase dirigencial deben profesionalizarse en estos conceptos. La geopolítica ya no es un asunto secundario; el panorama internacional demuestra que el control de los accesos estratégicos define el poder mundial. Ejemplo son las Islas Malvinas, donde el Reino Unido mantiene su control por razones puramente estratégicas y Argentina insiste en su recuperación por la misma vía, evidencia que el territorio es el eje de la política del futuro. Chile debe superar su timidez conceptual y construir un consenso transversal para defender, con argumentos técnicos y convicción política, su posición estratégica en el mundo.
En conclusión, la Antártica es el tablero geopolítico más decisivo del siglo XXI. Los recientes gestos del gobierno regional y del presidente Kast deben superar la mera foto protocolar y transformarse en una política de Estado permanente. El futuro de nuestra soberanía no se jugará en la diplomacia tradicional, sino en la capacidad real de Chile para proyectar poder político, desarrollo científico y la capacidad de defensa hacia el extremo sur.
Y frente la futura disputa por recursos críticos y el control de rutas bioceánicas, la pasividad sería fatal. Chile debe consolidar su tricontinentalidad no como un mapa abstracto, sino como la llave estratégica frente al eje de potencias del Asia-Pacífico. Para eso, la clase política debe madurar, superar su timidez conceptual y construir un consenso transversal. La historia no perdonará la miopía frente al destino polar.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
sábado, 11 de julio de 2026
viernes, 10 de julio de 2026
martes, 7 de julio de 2026
El triunfo de los moderados: Orrego y la derrota del desprestigio
El triunfo de los moderados: Orrego y la derrota del desprestigio
El sobreseimiento de las causas de corrupción contra Claudio Orrego, junto con la obligación de que el Ministerio Público y los acusadores paguen los costos, es mucho más que un fallo judicial, es la derrota de una operación política destinada a destruir a un líder moderado. Las acusaciones que conectaban directamente la gestión de Orrego con el caso Fundaciones en Santiago, nunca tuvieron sustento real, fueron fabricadas y utilizadas como arma de desprestigio. El objetivo era claro, bloquear a Orrego, impedir que creciera como gobernador de Santiago y frenar su proyección presidencial. Como resultado, no lo lograron.
Siendo la política lo que es, la pregunta inevitable recae sobre quién estuvo detrás de esta operación. Sería la derecha, temerosa de perder el espacio construido; el socialismo tradicional del PPD y PS, ex compañeros de coalición; o el progresismo del Frente Amplio que disputa directamente los espacios a la gente de la ex concertación. Al final, poco importa el sector que moviera la denuncia, lo relevante es que alguien quiso manipular la justicia para eliminar a un adversario incómodo. Las acusaciones, presentadas como “contundentes”, se diluyeron con el tiempo, revelando que detrás había cálculo político y no búsqueda de verdad.
Este episodio desnuda una realidad, los extremos temen a los moderados. Les incomoda la seriedad, les molestan las dinámicas de los acuerdos y la estabilidad que representan figuras como Orrego o Mario Desbordes. Prefieren el ruido de la demagogia y el populismo, porque ahí se sienten cómodos. Pero Chile necesita otra cosa, líderes que gobiernen con responsabilidad, que construyan proyectos de largo plazo y que defiendan la democracia sin sectarismos.
El triunfo de Orrego en los tribunales es también la victoria de una cuarta vía política, una que representa a los moderados y que da aviso que siguen vivos y dispuestos a disputar el poder. No los pudieron enterrar y, por el contrario, los fortalecieron. Y ahora no es de interés esperar por más ataques; sino, cuántos moderados estarán dispuestos a dar la pelea contra quienes quieren mantenernos sitiados por los extremos.
Así es como la justicia tardó, pero llegó. Y con ella, la certeza de que la alternativa moderada no solo existe, sino que es la única capaz de devolverle al país la estabilidad que tanto necesita. Una alternativa donde Orrego y Desbordes son cartas serias, y que abre la puerta a que se sumen más. Porque Chile no merece seguir atrapado en la mediocridad de los extremos. El país merece líderes que representen orden, acuerdos, democracia real y no un atrincheramiento obstaculizador.
La política chilena no puede seguir siendo rehén de quienes buscan destruir reputaciones para ganar terreno. Y desde esta perspectiva el sobreseimiento de Orrego es una advertencia, las campañas de desprestigio no siempre triunfan, y cuando fracasan, fortalecen al atacado.
Hoy, más que nunca, se necesita levantar una alternativa que enfrente la demagogia y el populismo con propuestas serias. Los moderados incomodan porque no se dejan arrastrar por la polarización, porque buscan gobernar para todos y no para una facción. Y esa se convierte en la verdadera amenaza para los extremos, que la mayoría del país descubra que la estabilidad y los acuerdos son más valiosos que los discursos incendiarios.
El caso Orrego marca un punto de inflexión. No es solo la reivindicación de un político, es la demostración de que la justicia puede desenmascarar operaciones políticas disfrazadas de acusaciones legales. Es la señal de que los moderados siguen en pie y que, pese a los intentos de silenciarlos, tienen la fuerza para disputar el futuro de Chile. Y esa es la batalla que viene, impedir que los extremos sigan sitiando la democracia y abrir paso a una nueva etapa de liderazgo responsable.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político.
El peligro de hacer arder el mundo
El peligro de hacer arder el mundo
Chile se encamina de forma inminente hacia un nuevo ciclo de movilizaciones sociales. El gobierno de Kast está acumulando razones de sobra para encender la mecha de un nuevo descontento masivo, impulsado por una agenda de políticas reduccionistas, integristas y dogmáticas que carecen de una lectura real del país. Hay que entender que, junto a los evidentes errores de la actual administración, coexisten sectores políticos que ya actuaron en los márgenes democráticos en el pasado y que hoy solo esperan la excusa perfecta para replicar viejos métodos de desestabilización institucional.
Ante este complejo escenario, es fundamental trazar una línea divisoria categórica. Una cosa es manifestar el malestar legítimo contra una gestión ineficaz que incumple sus promesas de campaña; otra muy distinta es la desobediencia civil violenta, enfocada en la destrucción de bienes públicos y la propagación de incivilidades.
En una movilización conviven estas dos realidades. La protesta social es, en esencia, un recurso ciudadano integrador y un motor de transformaciones. Eso sí este derecho constitucional suele ser secuestrado por facciones que lo instrumentalizan como una herramienta de extorsión para imponer el desorden. Esos grupos mimetizados en universidades, liceos, barras bravas o vinculados a redes delictuales como el narcotráfico, carecen de un proyecto país o de una militancia seria; su motor es un resentimiento social distorsionado que disfrazan de discurso antisistema, precisamente porque han sido incapaces de consolidarse como una alternativa política real a través del debate y los votos.
A causa de estos grupos, el peligro inmediato radica en la respuesta del Ejecutivo, que ya prepara un andamiaje legal punitivo para combatir las movilizaciones per se. Una estrategia estatal que corre el riesgo de criminalizar la legítima protesta ciudadana, metiendo en el mismo saco a la ciudadanía descontenta y a los grupos radicales o células anarquistas que no marchan por la justicia social, sino que buscan el caos por el caos mismo.
Siempre se censura la violencia irracional, porque la historia reciente demuestra que ha golpeado de forma transversal a distintas administraciones, desde Michelle Bachelet hasta Sebastián Piñera. El único mandatario que pareció inmune durante un tiempo fue Gabriel Boric, debido a que muchos de estos sectores radicales simpatizaban con su figura o eran azuzados por facciones del Frente Amplio. No obstante, tras la evidente desilusión que provocó su gestión, esos mismos grupos se sintieron manipulados, rompieron amarras y hoy están listos para actuar contra cualquiera, demostrando que les da lo mismo si el Estado es administrado por la izquierda tradicional, el progresismo o la ultraderecha.
Esta advertencia no es un llamado a la persecución política ni a una caza de brujas, sino una interpelación a la conciencia pública para no validar mecanismos totalitarios de presión. Destruir el transporte público o vandalizar los barrios periféricos no daña a las élites; destruye el día a día de la clase trabajadora. Los gobiernos pasan, pero las urgencias estructurales permanecen intactas si la violencia ciega termina bloqueando los cambios legítimos.
Hay que tener claro que cuando el desorden se desborda, el Estado de derecho inevitablemente impone la fuerza pública para restituir el orden, lo que termina siendo utilizado por los violentistas para victimizarse y culpar a las instituciones policiales. Se puede hacer política, presionar al poder e interpelar a las autoridades con firmeza sin regalarle espacios a quienes buscan demoler la sociedad.
El desafío de la ciudadanía consciente es no dejarse arrastrar por provocaciones ni servir de escudo humano a proyectos destructivos. El llamado siempre es no a la sumisión ni a la inacción; sino a movilizarse con profunda reflexión, coherencia estratégica e inteligencia de clase.
Nelson Leiva Lerzundi.
Cientista Político