El peligro de hacer arder el mundo

 

El peligro de hacer arder el mundo 

Chile se encamina de forma inminente hacia un nuevo ciclo de movilizaciones sociales. El gobierno de Kast está acumulando razones de sobra para encender la mecha de un nuevo descontento masivo, impulsado por una agenda de políticas reduccionistas, integristas y dogmáticas que carecen de una lectura real del país. Hay que entender que, junto a los evidentes errores de la actual administración, coexisten sectores políticos que ya actuaron en los márgenes democráticos en el pasado y que hoy solo esperan la excusa perfecta para replicar viejos métodos de desestabilización institucional. 

Ante este complejo escenario, es fundamental trazar una línea divisoria categórica. Una cosa es manifestar el malestar legítimo contra una gestión ineficaz que incumple sus promesas de campaña; otra muy distinta es la desobediencia civil violenta, enfocada en la destrucción de bienes públicos y la propagación de incivilidades. 

En una movilización conviven estas dos realidades. La protesta social es, en esencia, un recurso ciudadano integrador y un motor de transformaciones. Eso sí este derecho constitucional suele ser secuestrado por facciones que lo instrumentalizan como una herramienta de extorsión para imponer el desorden. Esos grupos mimetizados en universidades, liceos, barras bravas o vinculados a redes delictuales como el narcotráfico, carecen de un proyecto país o de una militancia seria; su motor es un resentimiento social distorsionado que disfrazan de discurso antisistema, precisamente porque han sido incapaces de consolidarse como una alternativa política real a través del debate y los votos. 

A causa de estos grupos, el peligro inmediato radica en la respuesta del Ejecutivo, que ya prepara un andamiaje legal punitivo para combatir las movilizaciones per se. Una estrategia estatal que corre el riesgo de criminalizar la legítima protesta ciudadana, metiendo en el mismo saco a la ciudadanía descontenta y a los grupos radicales o células anarquistas que no marchan por la justicia social, sino que buscan el caos por el caos mismo. 

Siempre se censura la violencia irracional, porque la historia reciente demuestra que ha golpeado de forma transversal a distintas administraciones, desde Michelle Bachelet hasta Sebastián Piñera. El único mandatario que pareció inmune durante un tiempo fue Gabriel Boric, debido a que muchos de estos sectores radicales simpatizaban con su figura o eran azuzados por facciones del Frente Amplio. No obstante, tras la evidente desilusión que provocó su gestión, esos mismos grupos se sintieron manipulados, rompieron amarras y hoy están listos para actuar contra cualquiera, demostrando que les da lo mismo si el Estado es administrado por la izquierda tradicional, el progresismo o la ultraderecha. 

Esta advertencia no es un llamado a la persecución política ni a una caza de brujas, sino una interpelación a la conciencia pública para no validar mecanismos totalitarios de presión. Destruir el transporte público o vandalizar los barrios periféricos no daña a las élites; destruye el día a día de la clase trabajadora. Los gobiernos pasan, pero las urgencias estructurales permanecen intactas si la violencia ciega termina bloqueando los cambios legítimos. 

Hay que tener claro que cuando el desorden se desborda, el Estado de derecho inevitablemente impone la fuerza pública para restituir el orden, lo que termina siendo utilizado por los violentistas para victimizarse y culpar a las instituciones policiales. Se puede hacer política, presionar al poder e interpelar a las autoridades con firmeza sin regalarle espacios a quienes buscan demoler la sociedad. 

El desafío de la ciudadanía consciente es no dejarse arrastrar por provocaciones ni servir de escudo humano a proyectos destructivos. El llamado siempre es no a la sumisión ni a la inacción; sino a movilizarse con profunda reflexión, coherencia estratégica e inteligencia de clase. 

 

Nelson Leiva Lerzundi.

Cientista Político