Impuestos regresivos y el dogmatismo político

 

Impuestos regresivos y el dogmatismo político 

La discusión sobre las reformas económicas suele estar atrapada en trincheras ideológicas que impiden ver la realidad material de los ciudadanos. Históricamente, los sectores de la derecha han acusado a las propuestas de la izquierda de ser un motor de asistencia estatal ineficiente, tildándolas de una receta para crear una “fábrica de pobres”. 

Sin embargo, enfrentamos una paradoja: bajo la promesa de generar desarrollo, estabilidad y crecimiento, la actual administración del gobierno está aplicando directrices que amenazan con llevarnos exactamente al mismo destino que tanto critica, a través de proteger y potenciar exclusivamente a los sectores económicos más privilegiados en detrimento de la población. 

Este modelo no promueve de forma activa el aumento real del sueldo mínimo, ni resguarda el poder adquisitivo de los sectores vulnerables y de la clase media. Lo que hace es  debilitar los cimientos del consumo interno. Como la economía real se nutre del circulante diario, sin este el mercado se deprime, disminuyen las transacciones y las consecuencias las paga el eslabón más débil de la cadena. 

Es en este punto donde las pequeñas y medianas empresas (pymes) se convierten en las víctimas colaterales del dogmatismo. Mientras los grandes conglomerados cuentan con espaldas financieras para resistir los ciclos de contracción, las pymes nacionales nacen y subsisten en la total incertidumbre, operando al tres y al cuatro, asfixiadas por la falta de liquidez y desprovistas de libertades reales para competir en igualdad de condiciones. 

La ortodoxia económica repite de forma incansable el argumento de que apoyar de manera irrestricta al gran capital genera empleo de forma automática. Sostiene que, si se beneficia al que más dinero tiene, este invertirá, reactivará el consumo y generará un bienestar general que llegará a todos en forma de mejores viviendas, salarios y recaudación estatal. 

En la práctica, muchos grandes capitalistas recurren a subterfugios legales y tributarios para evitar la contratación de personal, o bien optan por reinvertir sus utilidades en mercados especulativos que no generan un valor real ni directo para el desarrollo interno de la nación. 

El resultado de favorecer este esquema es la profundización de los impuestos regresivos, un mecanismo injusto que sobrecarga económicamente a una clase media trabajadora que sostiene los gastos del aparato estatal, mientras observa cómo se ensancha la brecha entre los más ricos y los más necesitados. El resultado es el empobrecimiento.

La responsabilidad por regular la pobreza no es exclusividad de un solo sector político; es una responsabilidad compartida. Por un lado, las propuestas de izquierda muchas veces se diluyen en aparatos burocráticos ineficientes que impiden que la ayuda social llegue de forma directa y focalizada a quienes la requieren. Por el otro, la derecha se empecina en defender un crecimiento macroeconómico ciego a las realidades distributivas. Una economía estancada, evidentemente no produce riqueza; pero una economía dinámica que no distribuye de manera justa sus ganancias tampoco asegura la erradicación de la miseria. 

¿Y acaso no vimos venir la situación actual? Lamentablemente existieron advertencias explícitas. En pleno estallido social, la propia dirigencia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) reconoció públicamente la urgencia de ceder regalías y abordar con seriedad las profundas desigualdades del país. De aquellas palabras han pasado años. 

El tema con la política en Chile, es que los países con los que nos reflejamos, los desarrollados, alcanzaron su estatus a través de un pacto sociopolítico transversal. Comprendieron que el crecimiento de las empresas debía traducirse de forma tangible en mejores sueldos, estabilidad institucional y bienestar general para el ciudadano común. Ese código compartido fue el que garantizó su paz social. 

Es por eso que Chile no puede permitir que la porfía ideológica pase por encima del sentido común. Si este gobierno insiste en aplicar un modelo regresivo y sectario, terminará destruyendo los frágiles avances alcanzados con gran esfuerzo por administraciones previas. Por eso es imperativo abandonar los maximalismos teóricos y avanzar hacia un acuerdo nacional amplio que ponga el dinamismo económico al servicio de la justicia social, evitando que las legítimas aspiraciones de desarrollo terminen convertidas, una vez más, en una fábrica de pobreza y desigualdad. 

 

Nelson Leiva Lerzundi

Cientista Político