viernes, 25 de septiembre de 2026
viernes, 18 de septiembre de 2026
sábado, 12 de septiembre de 2026
viernes, 11 de septiembre de 2026
jueves, 10 de septiembre de 2026
Salvar al INDH de sus enemigos y de sus decisiones
Salvar al INDH de sus enemigos y de sus decisiones
El Partido Republicano, en alianza con sectores libertarios y gremialistas, ha solicitado formalmente la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El argumento esgrimido se funda en que el organismo padece un profundo sesgo ideológico y, a su vez, que se ha apartado por completo de su propósito fundacional. Sin embargo, detrás de esta agresiva ofensiva contra la institucionalidad, existe un problema de fondo mucho más peligroso, la persistencia en Chile de facciones políticas que aún defienden principios autoritarios y que ven en el atropello de las garantías constitucionales la única forma viable de gobernar.
Para estos sectores, las libertades fundamentales como el derecho a la protesta, la presunción de inocencia y la libre circulación son vistas como obstáculos. Su aspiración real es un escenario donde las fuerzas policiales actúen sin contrapesos fiscales y donde cualquier discrepancia sea completamente neutralizada en nombre de un orden absoluto. Y es precisamente para frenar esos abusos de poder y resguardar la dignidad humana frente a la fuerza del Estado que se creó el INDH. Desde ese punto, la misión de este organismo no es opcional, es un requisito imprescindible para cualquier democracia moderna.
No obstante, debido a sus propios extravíos operativos sí se justifica cuestionar la legitimidad de operación de la institución, porque al intentar ser, en muchas ocasiones, "más papista que el Papa", el INDH ha caído en interpretaciones jurídicas extremas que terminan validando o relativizando expresiones de violencia delictual que son absolutamente incompatibles con el orden democrático.
Frente a esa evidente asimetría, se percibe un celo desmedido por proteger a quienes infringen la ley, mientras se ignora la vulneración sistemática de los derechos de la ciudadanía trabajadora que no protesta, entregando así en bandeja el argumento perfecto a quienes buscan desmantelar el organismo de derechos humanos. Ese panorama deja atrapado entre pinzas ideológicas al organismo.
Por un lado, la extrema derecha autoritaria busca la disolución total de la entidad para erradicar la fiscalización al poder estatal, instrumentalizando los errores para justificar un retorno a lógicas punitivas sin control. Por el otro, el extremismo de grupos anarquista y anti sistémicos ejecutan una violencia destructiva en las calles mientras desprecian profundamente al propio INDH. Para el anarquismo, el instituto no es un aliado, sino un brazo más del "Estado opresor" al que buscan demoler.
De este modo, se produce una paradoja insostenible: el INDH desgasta sus recursos y su capital político en defender judicialmente a grupos radicales que desconocen su legitimidad, al mismo tiempo que es linchado políticamente por una oposición que utiliza esos mismos fallos para exigir su desaparición.
Es innegable que las instituciones son permeables a las dinámicas del poder y que los distintos gobiernos intentan utilizarlas de forma utilitaria de acuerdo con sus intereses de turno. Sin embargo, la solución ante el sesgo, la ineficiencia o el error administrativo jamás puede ser la demolición de la estructura constitucional. Quitarle al Estado su contrapeso en derechos humanos no es corregir el rumbo; es desarmar la democracia.
En consecuencia, El INDH no puede ni debe desaparecer. Su
supervivencia política y social no depende de sus enemigos, sino de su propia
capacidad para extirpar sus complejos ideológicos. La institución tiene el
deber urgente de recuperar la brújula, operar con total transparencia jurídica
y entender que los derechos humanos pertenecen a todos los habitantes de la
república por igual: tanto al ciudadano que ejerce su legítimo derecho a
manifestarse en paz, como a la mayoría silenciosa que exige vivir y trabajar en
seguridad. Enfrentar la delincuencia con dureza y respetar las garantías
constitucionales no son caminos excluyentes; son las dos caras de un mismo
Estado de derecho. Salvar al INDH de sus detractores exige, primero, salvarlo
de sus propios errores.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Política
El imperativo ético de una inclusión real
El imperativo ético de una inclusión real
Los deplorables dichos del ex asesor político, Ítalo Omegna, mofándose de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), no representan un hecho aislado. Son el síntoma brutal de una violencia estructural, arraigada en sectores que carecen de conciencia social. Esto es una mecánica agresora que mira a las personas con discapacidad desde la inferioridad y el desprecio absoluto. Por eso tenemos claro que en Chile la inclusión real es una ilusión.
Detrás de eufemismos políticamente correctos se esconde el rechazo sistemático. Lo hemos visto durante décadas, con los gobiernos y las instituciones educativas siendo cómplices pasivos de la vulneración de derechos, permitiendo el bullying bajo un manto de impunidad. O bien con el Estado construyendo un modelo fallido basado en la caridad y la lástima estacional, en lugar de edificar una estructura sólida fundada en la justicia social y el respeto irrestricto. No podemos seguir aceptando que la dignidad dependa de una campaña solidaria anual.
Frente a la desproporción de esta agresión, nuestra respuesta no puede ser la tibieza. Urge transformar la indignación masiva en una política pública de Estado permanente que trascienda al gobierno de turno. Cualquier proyecto de ley que hoy se levanta, debe nacer desde la crudeza de la realidad y con fuerza inquebrantable, ampliando su espectro protector para abrazar a todas las corporalidades, neurodivergencias y mentes diversas que habitan nuestro territorio.
Los colegios no pueden seguir operando como laboratorios de segregación oculta. El acoso sostenido que sufren los niños autistas, los estudiantes con discapacidad motora, los usuarios de sillas de ruedas o quienes presentan condiciones mentales distintas, es el daño colateral directo de un sistema que no educa en la empatía. Son necesarios protocolos severos, sanciones drásticas y una fiscalización activa que erradique de raíz la impunidad en las aulas. Las escuelas deben garantizar espacios seguros y dignos para todos, dejando de ver las adecuaciones como un favor caritativo y entendiéndolas como una obligación legal y moral ineludible.
A su vez rechazamos la lógica de la beneficencia que reduce la discapacidad a un espectáculo de compasión televisada. Las personas con movilidad reducida, neurodivergencias o discapacidades severas no necesitan nuestra lástima; necesitan infraestructura con accesibilidad universal, transporte público digno, salud de calidad y oportunidades laborales reales. La discapacidad debe pasar a ser un tema prioritario y permanente en la agenda nacional, financiado con presupuestos estatales estables y garantizados por ley, eliminando la dependencia histórica de la buena voluntad privada.
Poder real y vinculante para las organizaciones y ONGs. Este cambio normativo no puede ser diseñado por una tecnocracia indolente que jamás ha vivido la realidad del cuidado. Las fundaciones, ONGs y agrupaciones de familias son quienes hoy sostienen con un esfuerzo inconmensurable el tejido social que el Estado abandonó por completo. Exigimos que estas estructuras comunitarias tengan una voz vinculante en la creación e implementación de las futuras políticas públicas. Son ellos quienes deben guiar la nueva institucionalidad para asegurar que las leyes respondan con precisión a las necesidades reales de los hogares chilenos.
Episodios tan oscuros nos obligan a enfrentarnos directamente al espejo de nuestras propias miserias como país. No podemos permitir que el debate se apague una vez que baje el impacto mediático de la polémica de turno. Si la sociedad y las autoridades políticas no reaccionan ahora con medidas estructurales para generar un respeto irrestricto, seguiremos atrapados en una mecánica agresora y discriminativa que destruye vidas. La dignidad humana no es negociable; la verdadera inclusión es un imperativo ético impostergable que ya no puede esperar un día más.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
La franquicia electoral: El auge de las PYMES políticas
La franquicia electoral: El auge de las PYMES políticas
En el lenguaje económico, una PYME es una unidad independiente que opera con capital limitado, flexibilidad organizativa y un trato directo con el cliente. En la política chilena contemporánea, este concepto ha dejado de ser una simple metáfora para convertirse en una descripción precisa del sistema de representación. Con lo que podemos denominar la "PYME política regional", expresada durante décadas en Magallanes por el clan Bianchi a través de cargos parlamentarios, obtenidos desde una lógica independiente, se anticipó a un fenómeno que hoy adquiere dimensiones nacionales: el surgimiento de microempresas electorales sofisticadas que convirtieron la marca personal en estructuras partidarias propias.
El clan Bianchi representa el clásico negocio local que compite con las grandes corporaciones nacionales. Su modelo opera bajo la lógica del capital limitado y la autonomía absoluta. Al actuar fuera de los grandes conglomerados, manejan su patrimonio electoral sin depender de directivas centrales en Santiago. Esto le otorga una flexibilidad organizativa, funciona como un "agente libre" en el Congreso que rompe mesas de negociación tributaria o de seguridad, si considera que benefician a su zona. Su fuerza radica en la cercanía con el cliente; tal como un almacén de barrio que conoce a cada vecino, su discurso apela directamente al arraigo regional y a la descentralización.
En el otro extremo, Franco Parisi y el Partido de la Gente (PDG) encarnan la PYME "digital y franquiciada", una suerte de startup política que busca masificar a bajo costo. Parisi entendió que la flexibilidad organizativa permitía prescindir de sedes físicas costosas, utilizando las redes sociales como su principal canal de distribución. Su propuesta simula la generación de empleo y la movilidad social, enfocando su discurso en la clase media y los emprendedores atrapados por las trabas del Estado. Al explicar la macroeconomía mediante analogías de finanzas personales, logra una cercanía inédita con un cliente específico, los desafiliados de la política tradicional.
Por su parte, Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario (PNL) personifican la PYME "libertaria y antimonopolio". Bajo las premisas de la Escuela Austriaca, su propuesta de desregulación busca liberar al emprendedor de la burocracia, acusando al Estado de actuar como una corporación ineficiente que ahoga al pequeño competidor. Su defensa del capital limitado se traduce en una exigencia radical de bajar impuestos para proteger la supervivencia de los negocios frente a quienes tienen espaldas financieras. Nacido en el nicho digital de YouTube, la estrategia de Kaiser se asemeja a la de una PYME hiper especializada que atiende de forma directa y sin filtros a su público objetivo.
Los Bianchi demostraron que era posible levantar un negocio político artesanal al margen de las estructuras tradicionales. Parisi y los Kaiser llevaron la fórmula a una etapa superior: comprendieron que la marca personal necesitaba una institucionalidad. Su innovación fue convertir el nombre propio en partido, dotándolo de militancia, financiamiento y despliegue territorial.
Sin embargo, pese a que estas organizaciones adoptan las formas externas de un partido, en su núcleo sobrevive una estructura piramidal, sujeta a la gravitación absoluta del fundador, de su apellido y de su círculo de confianza. Ya no basta con instalar liderazgos; ahora es necesario construir una institucionalidad que los orbite y valide.
Por eso, sería un error reduccionista catalogar a estos dirigentes como simples figuras extravagantes o populistas pasajeros. Cuando los partidos históricos abandonaron el territorio, descuidaron la renovación de cuadros y deterioraron la confianza pública, pavimentaron el camino para que estas marcas se transformaran en corporaciones competitivas. Frente al vacío de representación, se desarrollaron, consiguieron, establecieron discursos, fijaron marcas reconocibles y ahora compiten directamente por el poder.
La gran reflexión que nos deja este escenario es si esta atomización del
poder realmente democratiza la representación o si, por el contrario,
transforma la democracia en un mercado persa. Porque cuando la política se
fragmenta en franquicias personales, el debate público pierde su sentido de
proyecto colectivo. El desafío para el ciudadano ya no es solo castigar a los
monopolios políticos de siempre, sino evitar que el bien común termine disuelto
en una infinidad de nichos comerciales creados a la medida de nuevos caudillos.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político