jueves, 10 de septiembre de 2026

Salvar al INDH de sus enemigos y de sus decisiones

 

Salvar al INDH de sus enemigos y de sus decisiones

 

El Partido Republicano, en alianza con sectores libertarios y gremialistas, ha solicitado formalmente la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El argumento esgrimido se funda en que el organismo padece un profundo sesgo ideológico y, a su vez, que se ha apartado por completo de su propósito fundacional. Sin embargo, detrás de esta agresiva ofensiva contra la institucionalidad, existe un problema de fondo mucho más peligroso, la persistencia en Chile de facciones políticas que aún defienden principios autoritarios y que ven en el atropello de las garantías constitucionales la única forma viable de gobernar. 

Para estos sectores, las libertades fundamentales como el derecho a la protesta, la presunción de inocencia y la libre circulación son vistas como obstáculos. Su aspiración real es un escenario donde las fuerzas policiales actúen sin contrapesos fiscales y donde cualquier discrepancia sea completamente neutralizada en nombre de un orden absoluto. Y es precisamente para frenar esos abusos de poder y resguardar la dignidad humana frente a la fuerza del Estado que se creó el INDH. Desde ese punto, la misión de este organismo no es opcional, es un requisito imprescindible para cualquier democracia moderna. 

No obstante, debido a sus propios extravíos operativos sí se justifica cuestionar la legitimidad de operación de la institución, porque al intentar ser, en muchas ocasiones, "más papista que el Papa", el INDH ha caído en interpretaciones jurídicas extremas que terminan validando o relativizando expresiones de violencia delictual que son absolutamente incompatibles con el orden democrático. 

Frente a esa evidente asimetría, se percibe un celo desmedido por proteger a quienes infringen la ley, mientras se ignora la vulneración sistemática de los derechos de la ciudadanía trabajadora que no protesta, entregando así en bandeja el argumento perfecto a quienes buscan desmantelar el organismo de derechos humanos. Ese panorama deja atrapado entre pinzas ideológicas al organismo. 

Por un lado, la extrema derecha autoritaria busca la disolución total de la entidad para erradicar la fiscalización al poder estatal, instrumentalizando los errores para justificar un retorno a lógicas punitivas sin control. Por el otro, el extremismo de grupos anarquista y anti sistémicos ejecutan una violencia destructiva en las calles mientras desprecian profundamente al propio INDH. Para el anarquismo, el instituto no es un aliado, sino un brazo más del "Estado opresor" al que buscan demoler. 

De este modo, se produce una paradoja insostenible: el INDH desgasta sus recursos y su capital político en defender judicialmente a grupos radicales que desconocen su legitimidad, al mismo tiempo que es linchado políticamente por una oposición que utiliza esos mismos fallos para exigir su desaparición. 

Es innegable que las instituciones son permeables a las dinámicas del poder y que los distintos gobiernos intentan utilizarlas de forma utilitaria de acuerdo con sus intereses de turno. Sin embargo, la solución ante el sesgo, la ineficiencia o el error administrativo jamás puede ser la demolición de la estructura constitucional. Quitarle al Estado su contrapeso en derechos humanos no es corregir el rumbo; es desarmar la democracia. 

En consecuencia, El INDH no puede ni debe desaparecer. Su supervivencia política y social no depende de sus enemigos, sino de su propia capacidad para extirpar sus complejos ideológicos. La institución tiene el deber urgente de recuperar la brújula, operar con total transparencia jurídica y entender que los derechos humanos pertenecen a todos los habitantes de la república por igual: tanto al ciudadano que ejerce su legítimo derecho a manifestarse en paz, como a la mayoría silenciosa que exige vivir y trabajar en seguridad. Enfrentar la delincuencia con dureza y respetar las garantías constitucionales no son caminos excluyentes; son las dos caras de un mismo Estado de derecho. Salvar al INDH de sus detractores exige, primero, salvarlo de sus propios errores.

 

 

Nelson Leiva Lerzundi

Cientista Política

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