La recurrente tentación expansionista en el Estrecho de Magallanes

 

La recurrente tentación expansionista en el Estrecho de Magallanes

El rechazo transversal del Estado chileno ante las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, no responde a un mero arrebato de chovinismo; es un acto de legítima defensa geopolítica. Al afirmar con ligereza que el Estrecho de Magallanes forma parte de la soberanía trasandina como "llave bioceánica", el uniformado tropezó con una sólida e inapelable arquitectura legal. La enérgica nota de protesta emitida por la Cancillería chilena y el despliegue inmediato de ejercicios disuasivos de la Armada en la zona austral envían una señal categórica: Chile no tolerará ambigüedades sobre su territorio ni bajará la guardia ante provocaciones desestabilizadoras. 

A nivel diplomático, Buenos Aires suele ensayar una doble narrativa. Por un lado, su Cancillería se ve obligada a ratificar por escrito el cumplimiento de los acuerdos vigentes tras verse acorralada por la firmeza chilena. Por el otro, altas autoridades militares reactivan cíclicamente discursos revisionistas. Esta conducta sistemática demuestra que no estamos frente a un hecho aislado de un oficial que "se arrancó con los tarros". Estas declaraciones reflejan el pensamiento subyacente y la doctrina geopolítica de su Estado Mayor, evidenciando una ambición expansionista latente que se activa de manera deliberada cuando la política interna del país vecino requiere desviar la atención pública. 

El núcleo del problema radica en el sistemático desprecio hacia el principio fundamental del derecho internacional, “Pacta sunt servanda”, la premisa de que los pactos deben cumplirse de buena fe y que lo acordado obliga estrictamente a las partes. Un acuerdo fronterizo es inalterable de forma unilateral. El estatuto jurídico y territorial del Estrecho de Magallanes quedó sellado de manera perpetua en el Tratado de Límites de 1881. Su Artículo 2° fijó con absoluta claridad que la frontera corre desde Punta Dungenes por tierra hasta Monte Dinero, garantizando que el paso bioceánico completo quedara bajo la soberanía chilena. Asimismo, el Artículo 5° decretó su neutralización perpetua y libre navegación para todas las banderas, prohibiendo explícitamente la construcción de fortificaciones militares que amenacen dicho tránsito. 

Esta soberanía absoluta de Chile fue ratificada y blindada en el Tratado de Paz y Amistad de 1984, el cual puso fin a la agónica crisis del Canal Beagle que casi desata una guerra fratricida en 1978. En dicho pacto, con la mediación papal, se consolidó la delimitación marítima austral y el principio bioceánico. Sin embargo, la historia demuestra que la diplomacia Argentina suele ser ladina y poco confiable, lo que obliga al Estado de Chile a mantener siempre un ojo abierto. Aunque compartimos una historia de emancipación conjunta, la confianza mutua no puede cimentarse sobre la ingenuidad frente a un vecino propenso a desconocer lo firmado. 

Esta constante fricción por la boca oriental del estrecho adquiere un tinte aún más preocupante cuando levantamos la mirada hacia el futuro. La aparente resolución de las controversias pendientes es solo la superficie de una disputa subterránea de mayor envergadura: la yuxtaposición de las plataformas continentales y la proyección hacia el continente blanco. Lo que hoy presenciamos en Magallanes son los litigios internacionales del mañana por el control de la Antártica, un territorio de incalculable valor en riquezas naturales y fuentes de energía. 

No obstante, cuando el Tratado Antártico deba renegociarse, la antigüedad de las reclamaciones de los países pioneros, como Chile y Argentina, se verá amenazada por el voraz interés de superpotencias como Estados Unidos y China, que difícilmente respetarán los derechos históricos de las naciones del Cono Sur. 

Frente a este escenario de incertidumbre global y provocaciones vecinales, la lección para Chile es clara. La diplomacia es estéril si no está respaldada por una disuasión creíble. El resguardo de nuestros intereses exige una modernización urgente del Estado, el robustecimiento de nuestras políticas de defensa y el fortalecimiento del poder militar. La soberanía no se defiende con discursos tibios ni concesiones ideológicas; se defiende con firmeza, presencia física en el territorio y la convicción de que lo pactado obliga. El mapa de Chile ya fue trazado con tinta indeleble en 1881 y 1984; es nuestro deber histórico impedir que pretendan borrarlo con la mano. 

 

Nelson Leiva Lerzundi

Cientista Político