El problema por la ley de usurpaciones

 

El problema por la ley de usurpaciones 

Luego de más de dos años y medio de tramitación finalmente es aprobado por el Senado el proyecto de ley de usurpaciones, que establece sanciones más estricticas para el delito de ocupaciones de propiedades, terrenos o viviendas, modificando así el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad al delito efectivo. Sin embargo, como era de esperar tras la aprobación el gobierno anuncia inmediatamente un veto presidencial. 

La oposición a su vez, manifiesta su descontento. El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, denuncia que el gobierno, en cierto modo, se pone del lado de los usurpadores y que el Estado no toma una solución al problema. Agregando que se está desaprovechando la oportunidad de ponerle la firma a la constitución que le va a dar estabilidad a Chile. 

Sin lugar a dudas se puede interpretar que al aplicar este veto el gobierno del Frente Amplio no se pone del lado de las víctimas, de aquellas a las que les usurpan sus casas, sus tierras o propiedades en forma arbitraria. El tema es el origen de esos terrenos, muchas veces obtenidos de manera poco transparente, más bien ilegal y deshonesta con respecto a los ocupantes iniciales, los mapuches. 

En esa posición, las comunidades del Wallmapu rechazan categóricamente esta Ley de Usurpaciones. Ellos siguen disputando sus territorios ancestrales y la aplicación de esta ley buscaría poner fin definitivamente a la demanda y a las movilizaciones perseguidas para recuperarlas. A su vez, esta ley acaba por confirmar que el Estado reconoce a los colonos, a las empresas forestales y privados a quienes vendió sus tierras como los nuevos propietarios. 

Por otro lado, la manera de disputar se está escapando de los límites. Las autotutelas ejercidas complican al gobierno, o más bien al Frente Amplio, quienes quieren que estas entregas se haga por un conducto casi natural y regular. Ellos al simpatizar con la causa mapuche no saben diferenciar una protesta legítima de una usurpación o de conflictos mucho más fuertes. 

Este gobierno se oculta en la escala de la izquierda tradicional, quienes ya están familiarizados con el problema y saben que esta no es la forma de llegar a una respuesta. Si bien, preferirían otros métodos, tienen que salir a vetar la ley de usurpaciones y poner la cara por ideas que son de otros. 

De este modo, el Frente Amplio no trae una solución pacífica en la Araucanía al tomar estas decisiones, todo lo contrario. Y al final, como esta disyuntiva no tiene lógica, nadie quiere negociar. 

Hay sectores que quieren una autonomía territorial que no van a obtener. Exigen que se expulsen a los herederos legítimos de los terrenos, aquellos que poseen un título de dominio de la tierra, independientemente de los embelecos que hayan hecho sus antepasados. Pero a su vez el sistema legal protege a estos últimos. Como el sistema funciona así, el conflicto se mantiene sin una solución real. 

Es bien sabido que se produjeron un gran número de fraudes para la enajenación y la usurpación de las tierras mapuches, que como consecuencia ahora poseen los ciudadanos que se ven afectados, los herederos de estos terrenos. 

Por los hechos de la pacificación de la Araucanía se hizo efectiva la soberanía del territorio chileno, uniendo de esta manera el territorio al norte del Biobío con los territorios al sur de Valdivia. Así las cosas, a pesar de esta dolida pacificación lo ocurrido en este proceso propicio el conflicto Mapuche y el gobierno de Chile que nos llega hasta nuestra época. 

Ahora bien, como se arregla este problema. No es llegar y usurpar nuevamente  lo que era anteriormente su territorio. Para esto se necesita colocar orden, establecer leyes para controlar la situación. 

La solución del gobierno es vetar esta iniciativa con un simple deseo ideológico y romántico. Pero al mismo interior del gobierno, hay muchos sectores del socialismo democrático que saben que es imposible de resolver y solucionar de manera pacífica, porque no hay otro mecanismo. 

No podemos volver atrás la historia, no podemos quitar algo que quizá fue mal habido para algunos, pero con el con el paso del tiempo y la seguridad jurídica, aquellos son propiedad privada y el sistema los beneficia.  

 

 

Nelson Leiva Lerzundi

Cientista Político