La mesa de seguridad se queda sin una pata.
El problema del vandalismo se ha salido de control. No sabemos si la delincuencia ve al gobierno anémico y aprovecha esta oportunidad para emerger a hacer desmanes y no subordinarse a la autoridad como corresponde, o es una coincidencia el alza en la tasa de criminalidad con el actual periodo del presidente Boric, ayudando a esta sensación la amplificación en la cobertura de los medios de comunicación. Lo que si tenemos claro es la lentitud de reacción en tomar políticas al respecto, tanto para la presente dirección del país como la anterior, dejan desprotegida a la ciudadanía.
Para remediar esta crisis, el presidente Gabriel Boric en una de sus giras en el mes de julio del pasado año por la región de Arica y Parinacota, anunció el Plan Nacional de Seguridad Publica y Prevención del delito, cuya finalidad busca proteger y acompañar a las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos. Seguidamente encabezó el primer Consejo nacional de Seguridad Pública para el periodo comprendido 2022–2026, en donde propone 30 medidas específicas para la gobernanza y el fortalecimiento institucional.
Sin embargo, esta agenda o mesa de seguridad de compromiso transversal se vio interrumpida a raíz de los polémicos indultos a 12 reos del estallido social y del ex frentista Jorge Mateluna. Que duda nos cabe, la inexperiencia y la simplicidad con la que esta administración maneja el discurso de seguridad complican aún más su desempeño con estas decisiones, manufacturando un problema aún más profundo en el control del delito.
Ahora, el gran problema es que para que se reestablezca esta mesa de seguridad tiene que existir confianza entre todos los sectores del sistema político para ponerse de acuerdo, confianza que el gobierno circunscribió con los indultos otorgados. Obviamente, la oposición tuvo una clara disposición a dificultar la tarea, porque ese es su trabajo. Los primeros en cuestionar la medida públicamente fue la bancada de diputados de la UDI. Luego le siguieron Renovación Nacional y Evópoli, quienes inmediatamente se restaron criticando duramente la señal.
Todos ellos se eximirían de la negociación hasta que el gobierno de pie atrás en estas medidas, argumentando que el gobierno está indultando delincuentes justamente el día después de que los invitara a conversar sobre temas de seguridad. Por consiguiente, hasta el momento las conversaciones con la oposición están en tiempo muerto. Aunque ellos reiteran al ejecutivo que ingrese al Congreso los proyectos de ley respectivos para rectificar las decisiones tomadas. Eliminando los indultos, ellos retomarían las conversaciones.
Por su parte el gobierno lo ve como un chantaje, como excusas para no sentarse y entorpecer su gestión. No hay que engañarse, esto es ciertamente un chantaje. También no es menos cierto que se requiere solucionar el problema de seguridad como prioridad. El tema radica que un gobierno en una materia tan delicada debe dar señales importantes y esos vestigios fundamentales no incluyen indultar a ningún tipo de delincuente. Y eso es precisamente lo que hace el gobierno en el primer día después que anuncia la mesa de seguridad.
En consecuencia, el retraso en implementar medidas afecta a todo el sistema. El gesto desconoce el sufrimiento de las víctimas y de la comunidad que se ve afectada. En cuanto a las policías, dónde queda su trabajo de investigación para encarcelar a los delincuentes. Evidentemente, no puede haber diálogo por estas torpezas políticas, con estos mensajes equívocos. Esta es una de las patas de la mesa de seguridad a la que no se atiende, a los gestos necesarios para generar confianza.
Finalmente, por la postura de ambos lados podemos decir con toda franqueza que esta mesa de seguridad se va a quedar tal cual como está, por la tozudez y el cálculo político que nos supera. Se entiende abiertamente la urgencia política de este momento, la emergencia de la seguridad como respuesta fundamental en todo el país. La ausencia de medidas se está comiendo la agenda, e inclusive el futuro proceso constituyente y eso no es buen negocio para el gobierno.
Nelson
Leiva Lerzundi
Cientista
Político
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