Gabriel Boric y la nueva conmemoración del estallido social

 

Gabriel Boric y la nueva conmemoración del estallido social 

El 18 de octubre no fue una revolución anticapitalista, y tampoco como lo han querido instalar ciertos sectores, que haya sido una ola de delincuencia. Es más, tal como manifestó el presidente Gabriel Boric en el tercer aniversario del estallido social, “fue una expresión de dolores y fractura de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuesta”. En mi más profundo sentir, el estallido fue la consecuencia de un malestar acumulado por largo tiempo que clamaba por mayor justicia, igualdad social y el fin de los abusos. 

Señor presidente, al igual que usted compartimos el diagnóstico. El 18 de octubre no fue una revolución anticapitalista. Siguen requiriéndose un montón de derechos sociales, infinidad de reformas y cambios sociales que llevan pendientes más de 30 ó 40 años. En esta espera, la ciudadanía comprensiblemente salió a manifestar su descontento, muchos en forma pacífica, pero en contraste también había quienes lo demostraron de forma violenta. 

Ahí nace la dificultad, ya que políticamente ese malestar debía ser encausado bajo directrices políticas. Esto nos demostró una triste realidad, los partidos políticos ya no estaban atendiendo a la representación ciudadana. Estos últimos, por lo tanto, se habían cansado de la demagogia y de la falta de respuesta de los distintos partidos políticos, de su falta de renovación y la pérdida de identidad ideológica, de someterse todavía a alianzas por conveniencia de cargos, y de otros elementos que desprestigian el oficio, como las ambiciones individualistas que acaban representando a quienes le den mayor interés. 

Entonces, en política es recurrente que se esté leyendo o analizando cuando existen o hayan malas intenciones. Y con todo eso pasando, hubo una perceptible mala intención. Esa mezcla de factores fueron las que entablan el escenario actual. 

Hay reivindicaciones sociales que se requieren y es lo que pedía gran parte de los chilenos que concibieron el estallido social. No obstante, también una parte aprovechó la oportunidad para buscar la anarquía, a mostrar su resentimiento, causar desorden público y de llegar a derrocar a Sebastián Piñera. El tema es que esas manifestaciones no pueden hacerse violentamente, no puede salir encapuchados a quemar y hacer delincuencia, ni mucho menos ser apoyadas por las mismas agrupaciones políticas que ahora acompañan al presidente en el gobierno. Y por mucho que no nos guste Piñera, se debe reconocer que se empleó para atacar su administración, incomodarlo y causarle un daño político para desestabilizarlo. 

Si hay algo que reprochar al actual gobierno es que manipularon esa circunstancia para hacer oposición y obtener así el gobierno. Ampararon este mecanismo de manifestación y su forma de actuar política. Y por lo mismo, ahora en su gobierno tienen que confrontar las manifestaciones de los estudiantes, controlar las distintas protestas o cualquier otro tipo de manifestación que se produzca, de igual o mejor manera que en el gobierno pasado. 

En verdad con qué moral se controla esto, señor presidente, si de alguna manera su agrupación política en su momento las auspició. Si se considera que son mecanismos de politización legítimas, estas lo son mientras sean marchas simples, comunes y corrientes, una marcha en la que se manifiesta pacíficamente, se grita y luego se van. Al pasar a extremos, ya no ha validez y se debe actuar acorde a ello. 

Y en cuanto a su diagnóstico del estallido social, déjeme decirle que solo ve la parte conveniente, pero a su vez muy real, aún existen reivindicaciones sociales que no se han cumplido y que son necesarias. Sin embargo, no olvide reconocer que utilizó políticamente el malestar social para tratar de adueñase de estas, para su beneficio. 

Esperamos ansiosamente que la lección vivida, lo que dio origen al estallido y como se vivió, sirva para que no se repita. Es el momento de actuar unidos, el gobierno, la oposición y la ciudadanía en lo que queda del proceso constitucional y asumir que la ciudadanía exige atender problemas con los que conviven, y los políticos, incluso los nuevos, no los están tramitando.

 

 Nelson Leiva Lerzundi

Cientista político