La impotencia del gobierno sobre el orden público
El gran desafío del
gobierno del presidente Boric, a causa del aumento de los disturbios y actos
delictivos a nivel nacional, es garantizar el orden público y mejorar su
relación con la fuerza policial. Sin duda, estas se han vuelto tareas
fundamentales para tener gobernabilidad, porque llevamos ya un año con desmanes,
reclamos por asaltos en la carretera, encerronas sin control en la ciudad, y la
sombra del narcotráfico amenazando tomar el orden público a la fuerza.
Sin embargo, hay que
recordar que el presidente se identifica ampliamente con los movimientos sociales,
quienes politizan su descontento con protestas, desmanes y luego critican el
accionar de las fuerzas policiales por el control de estas. Como presidente de
la Federación de Estudiantes de Chile (Fech), en compañía de Giorgio Jackson y
Camila Vallejo, tras una de las marchas por una educación pública, gratuita y
de calidad, acabaron siendo protagonistas de una contención policial en donde
fueron fuertemente reprimidos, golpeados, mojados y detenidos.
Irrecusablemente, el presidente, sus ministros y coalición de gobierno, ven a
la policía como represores.
Allí radica la mala
sensación entre la policía y esta administración, puesto que nuestro presidente
Gabriel Boric, aún siendo diputado exigía “refundar Carabineros ahora”,
planteando la necesidad de hacerles cambios profundos y radicales. Sin ir más
lejos, al ser electo, esta iniciativa era parte principal de su programa de
gobierno.
En la actualidad, esto
no acaba por ser una relación política sana, coherente e institucional, porque
ni unos ni otros se ven como interlocutores válidos. Se convierte en un
problema ético y una contradicción vital de ambas partes, puesto que
carabineros e investigaciones deben cumplir su cometido, que es cumplir el
estado de derecho y el control del legítimo uso de la fuerza, mientras son
mandatados por quienes reprimían hace unos años.
Esta es una situación
difícil que se repite de nuevo, aunque de otra manera, no tan trágica. Esa
desconfianza de instituciones es lo mismo que ocurrió en el año 1970 cuando
llega la Unidad Popular al gobierno, donde carabineros e investigaciones deben
asumir la tutela de quienes en el periodo anterior realizaban las protestas e
incentivaban las movilizaciones sociales, alterando el orden público.
El orden público es
totalmente esencial en nuestro día a día. Es el ideal en todo sistema de
gobierno y sociedad que se respete, convivir en paz y armonía con las leyes que
dictan las comunidades. Muy a pesar de este ideal, los grupos más jóvenes y
anarquistas existentes en nuestra idiosincrasia lo aplican bajo su ideal
político, así como comunidades de reivindicación mapuche y otros movimientos
que accionan, llevando a extremos que no son válidas en el concepto jurídico,
ni mucho menos en el político como lo distinguimos en la constituyente donde no
existió capacidad de grupos progresistas de generar un sistema jurídico y legal
coherente que respalde este tipo de movilizaciones.
Tampoco olvidar la
criminalidad, que escapa a cualquier discurso político o ideal reivindicatorio,
pues solo obedece al interés delictual. Esta sin más debe ser aplacada bajo las
normas del orden público, con la fuerza permitida por las leyes y representada
por las instituciones de orden.
Es por el bien de una
sana convivencia y orden cívico, que el conflicto entre la autoridad y las
fuerzas del orden público es tan aflictivo, porque ante los disturbios o
crímenes debe existir un órgano a la altura para frenarlo. Aquí una de las
partes o las dos partes deben entender que no se puede redundar en esta
historia, en el que ambos deben validarse y entender que todos somos parte del
Estado. Quienes ahora están en gobierno y que fueron oposición, deben hacer el
esfuerzo por dar credibilidad a las instituciones desprestigiadas. Y estas
fuerzas de orden deben crear medidas para no abusar de las personas y mantener
a raya la corrupción que las entorpece. Todas estas dificultades deben ser superadas
para mantener la estabilidad política e institucional y un estado de
derecho que se está viendo sobrepasado y deslegitimado.
Nelson Leiva Lerzundi
Cientista Político
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